Incentivos para el fomento de la Actividad Turística en Panamá

Ley 122 de 31 de diciembre de 2019

Ricardo Alberto Ceballos G.

 

Por: Ricardo Alberto Ceballos 

 

La Ley 80 del 8 de noviembre de 2012 que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística en Panamá, modificada en su artículo 9 por la Ley 122 de 31 de diciembre de 2019 y  reglamentada por el Decreto Ejecutivo 364 del 23 de julio del 2020, establece que a los inversionistas se le permite la obtención de un crédito fiscal del 100% sobre el impuesto sobre la renta, por su inversión en la adquisición de bonos, acciones y demás instrumentos financieros emitidos por empresas que estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo, incluyendo a sociedades de inversión inmobiliaria debidamente registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, en una bolsa de valores en la República de Panamá y en el Registro Nacional de Turismo, esto con el objetivo de propiciar la inversión y el financiamiento para el desarrollo de nuevos proyectos turísticos o nuevas etapas y ampliaciones de proyectos turísticos ya existentes,  en ambos casos fuera del Distrito de Panamá.

 

El inversionista podrá utilizar su crédito fiscal anualmente a partir del segundo año de la inversión, como también tiene la opción de cederlo por su totalidad o la porción no utilizada, independientemente de si ha transferido o no los bonos, acciones o instrumentos financieros.

 

Los bonos, acciones y demás instrumentos financieros deberán estar registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, estar listados en una bolsa de valores en la República de Panamá y ser emitidos por Empresas Turísticas o Sociedades de Inversión Inmobiliaria.  Aquellos bonos o instrumentos emitidos por estas empresas o o Sociedades de Inversión Inmobiliaria deberán tener un período de vigencia mínima de cinco años, sin que puedan ser pagados anticipadamente.

 

De acuerdo a la Ley 122 del 2019, este incentivo se otorgará hasta el 31 de diciembre de 2025 a los inversionistas que no estén vinculados directa o indirectamente con la empresa que emita el instrumento financiero y que no sean producto de fraccionamiento de una empresa en varias personas jurídicas ni sean afiliadas o subsidiarias de las mismas empresas emisoras. Para las empresas u hoteles cuyo Registro Nacional de Turismo haya vencido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2019, se habilitará la vigencia de estos, a fin de que a dichas empresas u hoteles se les mantengan los incentivos establecidos en sus registros hasta el 31 de diciembre de 2025.  A las empresas u hoteles cuyo registro nacional de turismo vence después del 31 de diciembre de 2019 se les extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

 

Decreto Ejecutivo 364 del 23 de julio del 2020 que reglamenta el incentivo a inversionistas en empresas turísticas, establecido en el Artículo 9 de la Ley 80 de 2012 modificado por la Ley 122 de 2019.

 

PUNTO 1.  El Decreto Ejecutivo 364 del 2020 define los siguientes términos de la siguiente manera:

Empresa Turística:  Persona jurídica que realice inversiones de desarrollo turístico y servicios turísticos, inscrita en el Registro Nacional de Turismo de la Autoridad de Turismo de Panamá.

 

Sociedad de Inversión Inmobiliaria:  Toda persona jurídica, fideicomiso o arreglo contractual constituido bajo las leyes de la República de Panamá, que, mediante la expedición y venta de sus cuotas de participación, se dedique al negocio de obtener dinero de inversionistas, a través de pagos únicos o periódicos, con el objetivo de invertir y negociar, ya sea directamente o a través de subsidiarias, en bienes inmuebles, títulos representativos de derechos sobre inmuebles o en el negocio del desarrollo y administración inmobiliaria, en la República de Panamá.

 

Agente de Pago, Registro y Transferencia:  Persona jurídica que, en nombre de una Empresa Turística (Emisor) o Sociedad de Inversión Inmobiliaria registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores, se encarga de mantener el registro de los tenedores de los bonos, acciones y demás instrumentos financieros, de anotar sus traspasos, de calcular sus intereses y efectuar sus pagos y demás actividades relacionadas, conforme a su contrato con la Empresa Turística (Emisor) o Sociedad de Inversión Inmobiliaria;  y que deberá cumplir con los requisitos o condiciones establecidas en la Ley de Mercado de Valores para ejercer estas funciones.

 

Inversionista Primer Adquirente:  Persona natural o jurídica que adquiere en la primera colocación, bonos, acciones y demás instrumentos financieros.

 

PUNTO 2. RECONOCIMIENTO

Para el reconocimiento del crédito Fiscal establecido en el artículo 9 de la Ley 80 de 2012 modificado por la Ley 122 de 2019, se deberá observar el siguiente procedimiento:

 

A. Documentación del Inversionista Primer Adquirente

El Inversionista Primer Adquirente deberá remitir al Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Empresa Turística o Sociedad de Inversión Inmobiliaria, la siguiente documentación:

  1. Certificación de su Casa de Valores, respecto a su calidad de Inversionista Primer Adquirente; la cual deberá incluir sus datos generales y el monto de su inversión.
  2. Declaración Jurada ante Notario que indique:

a. En caso de una persona natural, el Inversionista Primer Adquirente deberá declarar que, inmediatamente antes de adquirir los bonos, acciones y demás instrumentos financieros:

 

a.1 No era director, dignatario, accionista o beneficiario final de la Empresa Turística o de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria, ni de sus subsidiarias o afiliadas o de los proyectos turísticos en que éstas invertían;

a.2 No tenía parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con un director, dignatario, accionista o beneficiario final de la Empresa Turística o de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria, ni de sus subsidiarias o afiliadas, o de los proyectos turísticos en que éstas invertían; y,

a.3 No era proveedor de la Empresa Turística o de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria, ni de sus subsidiarias o afiliadas, o de los proyectos turísticos en que éstas invertían.

 

b. En caso de una persona jurídica, el Inversionista Primer Adquirente deberá declarar que, inmediatamente antes de adquirir los bonos, acciones y demás instrumentos financieros:

 

b.1 Ninguno de sus directores, dignatarios, accionistas o beneficiarios finales eran directores, dignatarios, accionistas o beneficiarios finales de la Empresa Turística o de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria, ni de sus subsidiarias o afiliadas, o de los proyectos turísticos en que éstas invertían;

b.2 Ninguno de sus directores, dignatarios, accionistas o beneficiarios finales tenían parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con un director, dignatario, accionista o beneficiario final de la Empresa Turística o de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria, ni de sus subsidiarias o afiliadas, o de los proyectos turísticos en que éstas invertían;

b.3 No era proveedor de la Empresa Turística o de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria, ni de sus subsidiarias o afiliadas o de los proyectos turísticos en que éstas invertían; y,

b.4 No fue producto del fraccionamiento de la Empresa Turística o de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria en varias personas jurídicas, ni era subsidiaria o afiliada de la Empresa Turística o Sociedad de Inversión Inmobiliaria, ni de los proyectos turísticos en que éstas invertían.

 

B. Documentación de la Empresa Turística o Sociedad de Inversión Inmobiliaria.

Una vez recibida la documentación del Inversionista Primer Adquirente por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, y verificada en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, éste deberá remitir mediante abogado a la Dirección General de Ingresos la siguiente documentación:

 

1. Certificación de la Superintendencia del Mercado de Valores respecto al registro ante este regulador, de los bonos, acciones y demás instrumentos financieros emitidos por la Empresa Turística o Sociedad Inversión Inmobiliaria; que deberá indicar, como mínimo:

a. El número de resolución que autoriza la emisión; y si se trata de una emisión que permite series;

b. El monto autorizado de la emisión; y si se trata de una emisión que permite series, como se detalla en el Parágrafo I de este Punto 2, se deberá indicar el monto de la serie que ha sido utilizada exclusivamente para financiar el nuevo proyecto turístico o la nueva etapa y ampliación del proyecto turístico ya existente, conforme al artículo 9 de la Ley 80 de 2012 modificado por la Ley 122 de 2019; y,

c. El uso de los fondos, los objetivos de inversión y demás aspectos relevantes declarados en el Prospecto Informativo de la emisión; y si se trata de una emisión que permite series, como se detalla en el Parágrafo I del Punto 2, se deberá indicar el uso de los fondos, los objetivos de inversión y demás aspectos relevantes declarados en el Suplemento al Prospecto Informativo de la serie que ha sido utilizada exclusivamente para financiar el nuevo proyecto turístico o la nueva etapa y ampliación del proyecto turístico ya existente, conforme al artículo 9 de la Ley 80 de 2012 modificado por la Ley 122 de 2019.

 

2. Certificación de la bolsa de valores en la República de Panamá, del listado de los bonos, acciones y demás instrumentos financieros emitidos por la Empresa Turística o Sociedad Inversión Inmobiliaria. En caso de una emisión que permita series, se deberá indicar las que se encuentren listadas.

 

3. Certificación emitida a favor de la Empresa Turística por la Autoridad de Turismo de Panamá, después de su inscripción en el Registro Nacional de Turismo; indicando que se trata de un nuevo proyecto turístico o la nueva etapa y ampliación del proyecto turístico ya existente, conforme al artículo 9 de la Ley 80 de 2012 modificado por la Ley 122 de 2019.

 

4. Certificación de la Superintendencia del Mercado de Valores respecto al Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Empresa Turística o de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria; que deberá ser emitida con treinta (30) días calendario de antelación a la presentación de esta documentación ante la Dirección General de Ingresos, y deberá indicar, como mínimo:

 a. Quién funge como Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Empresa Turística o de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria, a la fecha de la certificación; y,

 b. Que el Agente de pago, Registro y Transferencia ha sido autorizado, mediante el contrato presentado a la Superintendencia, para, en nombre de la Empresa Turística o de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria:

 b.1 Recibir y verificar la documentación del Inversionista Primer Adquirente (indicada en la Sección A del Punto 2); y,

 b.2 Obtener y/o preparar la documentación de la Empresa Turística o de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria (indicada en la Sección B del Punto 2), y enviarla a la Dirección General de Ingresos.

 

5. Carta emitida por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, indicando:

a. Datos Generales de los Inversionistas Primeros Adquirentes que han presentado la documentación de la sección A del Punto 2; y que luego de verificada, cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley 80 de 2012 modificado por la Ley 122 de 2019, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 364; y,

b. Que los bonos, acciones y demás instrumentos financieros emitidos por la Empresa Turística o la Sociedad de Inversión Inmobiliaria, y adquiridos por los inversionistas Primeros Adquirentes, cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley 80 de 2012 modificado por la Ley 122 de 2019, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 364.

 

Una vez recibida y verificada la información por la Dirección General de Ingresos, esta autoridad emitirá, en un término máximo de treinta (30) días hábiles, una resolución a favor de cada inversionista Primer Adquirente reconociendo el crédito fiscal, e indicando el monto máximo que podrá acreditar a la declaración de rentas jurada de cada período fiscal conforme a las condiciones que se establecen en el Punto 3.

 

La documentación del Inversionista Primer Adquirente, indicada en el Sección A del Punto 2, se mantendrá en las oficinas del Agente de Pago, Registro y Transferencia a disposición de la Dirección General de Ingresos, por un período de tres (3) años a partir del reconocimiento del crédito fiscal.

 

Parágrafo I:  En caso de Empresas Turísticas que operen, administren o desarrollen diversos proyectos turísticos, o de Sociedades de Inversión Inmobiliaria que mantengan diversas Inversiones Permitidas; deberán hacer una emisión o una serie dentro de una emisión, diferenciada y separada de otras emisiones o series, que sea utilizada exclusivamente para financiar el nuevo proyecto turístico o la nueva etapa y ampliación del proyecto turístico ya existente, conforme al artículo 9 de la Ley 80 de 2012 modificado por la Ley 122 de 2019 y debidamente certificado por la Autoridad de Turismo de Panamá.  Consecuentemente, el crédito fiscal será acreditado por la Dirección General de Ingresos a los Inversionistas Primeros Adquirentes de la emisión o serie que haya sido utilizada exclusivamente para financiar el nuevo proyecto turístico o la nueva etapa y ampliación del proyecto turístico ya existente, conforme al artículo 9 de la Ley 80 de 2012 modificado por la Ley 122 de 2019 y debidamente certificado por la Autoridad de Turismo de Panamá.

Parágrafo II:  En caso de que la emisión o serie no sea colocada en su totalidad simultáneamente, la carta indicada en el numeral 5 de la sección B del Punto 2 se podrá enviar por partes, hasta que se coloque el cien por ciento (100%) de la emisión o serie.

Parágrafo III:  En caso de Sociedades de Inversión Inmobiliaria, será admisible, para cumplir con la certificación del numeral 3 de la sección B del Punto 2, la presentación de la certificación de la Empresa Turística en la que la Sociedad de Inversión Inmobiliaria invierte.

Parágrafo IV:   El agente de Pago, Registro y Transferencia podrá presentar a la Dirección General de Ingresos la documentación indicada en los numerales 1, 2, 3 y 4 de la Sección B del Punto 2 (quedando pendiente la documentación del numeral 5), antes que la Empresa Turística o la Sociedad de Inversión Inmobiliaria coloque los bonos, acciones y demás instrumentos financieros a los Inversionistas Primeros Adquirentes;  a fin de recibir de la Dirección General de Ingresos una certificación en que se haga constar que dichos bonos, acciones y demás instrumentos financieros están habilitados para que sus Inversionistas Primeros Adquirentes puedan recibir los créditos fiscales de que trata el artículo 9 de la Ley 80 de 2012 modificado por la Ley 122 de 2019.

 

PUNTO 3.  ACREDITACIÓN

El Inversionista Primer Adquirente podrá utilizar el crédito fiscal anualmente, siempre que se cumplan con cada una de las siguientes condiciones:

  1. A partir del segundo año de la inversión: es decir, para acreditarlo a la declaración jurada de rentas del período fiscal siguiente al período fiscal en que se realizó la inversión;
  2. Hasta por un monto máximo equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su impuesto sobre la renta causado;
  3. Siempre que el monto anterior no exceda del quince por ciento (15%) del monto inicial del crédito fiscal; y,
  4. Hasta que se consuma el cien por ciento (100%) del crédito fiscal por un período máximo de diez (10) años, contados a partir de la fecha que le fue otorgado el crédito fiscal.

El crédito fiscal será aplicado a partir del segundo año de la inversión en la declaración jurada de rentas como un crédito fiscal posterior al impuesto causado en atención a los parámetros indicados en los numerales anteriormente descritos en este Punto 3; para lo cual la Dirección General de Ingresos deberá efectuar una modificación en el formulario de la declaración jurada, que permita ingresar el monto a acreditarse en una casilla denominada “Crédito Fiscal por Inversión Turística”.

 

PUNTO 4.  CESIÓN

Estos créditos fiscales son independientes a los bonos, acciones y demás instrumentos financieros que los originaron.  Adicionalmente, estos créditos fiscales representan una obligación válida, independiente, exigible, incondicional e irreversible del Estado; y, por lo tanto, podrán ser cedidos, negociados o transferidos por su totalidad o porción no utilizada, o sus fracciones, sujetos a las mismas condiciones y restricciones que establece el artículo 9 de la Ley 80 de 2012 modificado por la Ley 122 de 2019, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 364 para el Inversionista Primer Adquirente.

 

En caso de fraccionamientos, se permitirá la cesión total o parcial, con fecha diferida, de la porción del crédito fiscal que el Inversionista Primer Adquirente tendría derecho a acreditar a un determinado período fiscal.

 

Las cesiones de estos créditos fiscales deberán cumplir con las normas que les sean aplicables en materia fiscal; y tales cesiones no implicarán una transferencia de la titularidad de los bonos, acciones y demás instrumentos financieros que originaron estos créditos.

 

PUNTO 5.  SEGUIMIENTO

Para que estos créditos fiscales sean validados, se creará una base de datos de sus cesiones, fraccionamientos y consumos, que para efectos será administrada y actualizada por la Dirección General de Ingresos, con la información brindada inicialmente por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, y luego con la información de las cesiones.

Responsabilidades de las Juntas Directivas de las Propiedades Horizontales

Responsabilidades de las Juntas Directivas de las Propiedades Horizontales según el Decreto Ejecutivo 142 del 9 de julio de 2021

Ricardo Alberto Ceballos G.

 

Por: Ricardo Alberto Ceballos 

 

Ha sido expedido el 9 de julio de 2021, el Decreto Ejecutivo 142 reglamentario de la Ley 226 de 8 de junio de 2021, regulando las normas de diseño y edificación en Panamá.

 

Con esta legislación se establece y define la responsabilidad de las Juntas Directivas de las Propiedades Horizontales, así como de sus propietarios y/o habitantes del inmueble, de realizar el mantenimiento periódico adecuado de sus edificaciones una vez se haya emitido el Permiso o Certificaciones de Ocupación. Este mantenimiento deberá incluir el estado de la estructura (losas, columnas, mampostería), de la ventanería y techos, de los revestimientos, así como de las rampas de acceso, rutas de evacuación, escaleras y barandales, entre otros.

 

Se establece además en dicha reglamentación, que las Juntas Directivas de las Propiedades Horizontales, así como sus propietarios y/o habitantes del inmueble, también serán responsables del mantenimiento periódico de los sistemas y equipos eléctricos y mecánicos, así como de los ascensores o escaleras eléctricas, generadores eléctricos, equipos de piscina, sistemas de detección y alarmas de incendios, sistemas contra incendio (incluyendo el mantenimiento de extintores y rociadores), de los sistemas de pararrayos y de gas, al igual que de los equipos de aires acondicionados y extracción y cualquier otro que esté en uso dentro de la edificación, con sus certificaciones al día ante el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, de así ser requeridos.

 

Es importante anotar que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, que rige la Propiedad Horizontal en Panamá, la Junta Directiva será responsable de cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea de Propietarios en lo referente a la administración y conservación de los bienes comunes y tendrá, además, las funciones y facultades establecidas en dicho artículo, las cuales no son tan específicas como las responsabilidades establecidas en el Decreto Ejecutivo 142 del 9 julio de 2021 mencionadas anteriormente.

 

No obstante, y según los numerales 2 y 9 del artículo 72 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, el administrador de la Propiedad Horizontal tiene la obligación de:

  1. Ejecutar las labores ordinarias y corrientes de administración y conservación, realizar las que fueran de urgencia para la integridad de la propiedad horizontal y acometer las que ordene la Asamblea de Propietarios y
  2. Ordenar las reparaciones urgentes en las áreas comunes de la propiedad horizontal y en las privadas que afecten a otra unidad inmobiliaria.

 

Si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 62 es la Junta Directiva la responsable de cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea de Propietarios, es importante recalcar que son los administradores quienes durante el desempeño de sus funciones se constituyen en los responsables de revisar que todo esté en orden dentro de la Propiedad Horizontal a fin de informar inmediatamente a la Junta Directiva de lo que está sucediendo, no sólo por el servicio que prestan, el cual es pagado con la cuota de gastos comunes que aportan todos los propietarios, sino por el deber que tienen de velar por la integridad de los copropietarios y habitantes del Residencial o Edificio,  esto último  con el único  fin de que cada propietario tenga la tranquilidad dentro de su día a día.

 

No está de más recordarle a los propietarios de una Propiedad Horizontal, lo importante que es asistir  a las reuniones en asamblea de copropietarios de su Edificio o Residencial para que emitan sus opiniones y hagan valer sus derechos, así como para que cumplan con su deber y aprovechen para calificar la labor de los administradores, que debieran ser contratados no sólo por la cantidad de servicios que proponen o por lo que cobren, sino por la experiencia que estos tengan, para que en el caso de una situación específica actúen con la debida diligencia.

Gabriela Tejada de Britton reconocida por WTR Global Leaders 2021

Icaza, González-Ruiz & Alemán tiene el agrado de anunciar que nuestra socia Gabriela Tejada de Britton ha sido incluida en la publicación World Trademark Review (WTR) Global Leaders 2021, en la categoría de Práctica Privada.

Jefa de la División de Propiedad Intelectual de la firma, Gabriela maneja y brinda asesoramiento especializado para el portafolio de marcas de empresas locales y multinacionales en una amplia gama de sectores que incluyen, entre otros, belleza y cuidado personal, farmacéutico, automóvil, minorista, artículos de lujo, alimentos y bebidas, finanzas y entretenimiento.

El asesoramiento incluye licencias de uso de marcas y derechos de autor, franquicias, registro de marcas y patentes, procesos de uso indebido, procesos de oposición y nulidad.

 

Acerca de WTR Global Leaders

WTR Global Leaders es una importante publicación que reúne a los principales expertos en marcas en el mundo a nivel corporativo y de bufetes de abogados, basándose en las investigaciones de las publicaciones WTR 1000 y WTR 300.

Para ser incluidos en WTR Global Leaders, los abogados deben estar clasificados en el nivel de oro del WTR 1000, que es un directorio de investigación centrado exclusivamente en prácticas y profesionales de marcas registradas, que identifica a los principales expertos en 80 jurisdicciones clave a nivel mundial.

Panama Flag 3D Rendering on Blue Sky Building Background

Nuevos Requisitos de Entrada a Panamá

Nuevos requisitos de entrada a Panamá a partir del 23 de julio de 2021

 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 804 del 22 de julio de 2021, a partir de las 12:01 a.m. del día viernes, 23 de julio de 2021, toda persona que ingrese a Panamá por vía aérea, terrestre o marítima, utilizando medios comerciales o privados, deberá presentar previo al abordaje en la aerolínea, el puerto de embarque o la empresa que efectúa el transporte, la Declaración Jurada de Salud Digital, debidamente registrada de manera física y/o digital en la web www.panamadigital.gob.pa que incluye prueba COVID-19 tomada con una antelación de hasta 72 horas a su salida del país de origen.

 

PROVENIENTES DE PAISES DE ALTO RIESGO

Toda persona nacional, residente o extranjera sin proceso migratorio proveniente o que haya permanecido o transitado por países identificados como de alto riesgo epidemiológico, en los últimos 15 días, quedará exonerada de la cuarentena de tres (3) días y de la prueba molecular a su ingreso al territorio nacional, siempre que haya registrado, de forma física y/o digital, los siguientes documentos:

  1. Resultado negativo de la prueba COVID-19 (PCR o antígeno), de hasta 72 horas de vigencia, efectuada por un laboratorio certificado, o realizada a su costo, al ingresar al puerto de entrada aéreo, marítimo o terrestre.
  2. Tarjeta o certificación digital de esquema completo de inmunización con vacunas avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), igual o mayor a catorce (14) días posteriores a la aplicación de su última dosis.

 

PROVENIENTES DE PAISES QUE NO SON DE ALTO RIESGO

Toda persona proveniente de países que no son de alto riesgo epidemiológico, sea que cuente o no con tarjeta de vacunación o esquema incompleto de inmunización menor a 14 días posterior a la aplicación de su última dosis, que cumplan con el resultado negativo de la prueba COVID-19 (PCR o antígeno), de hasta de 72 horas de vigencia, efectuada por un laboratorio certificado, o realizada a su costo al ingresar al puerto de entrada aéreo, marítimo o terrestre, con resultado negativo, quedará exonerada de la cuarentena preventiva de tres (3) días y de la prueba molecular.

 

REQUISITOS DE ENTRADA PARA PASAJEROS SIN TARJETA DE VACUNACIÓN

Toda persona proveniente o que haya permanecido o transitado por países identificados como de alto riesgo epidemiológico, en los últimos 15 días, que no cuente con tarjeta de vacunación o esquema incompleto de inmunización menor a catorce (14) días posteriores a la aplicación de su última dosis, deberá realizarse la prueba COVID-19 en el puerto de entrada y cumplir con cuarentena preventiva de 72 horas en su residencia si es nacional o residente, según criterio de la autoridad sanitaria; y si es extranjero sin proceso migratorio en el país, deberá ingresar a un hotel de vigilancia para viajeros no COVID-19 a costo del Estado, o bien, a un establecimiento hotelero, que haya sido destinado para este propósito por la autoridad sanitaria, cuyo costo será asumido por el viajero.

 

A partir del 9 de agosto de 2021, toda persona sin proceso migratorio en el país, proveniente o que haya permanecido o transitado por países de alto riesgo epidemiológico, en los últimos 15 días, que no cuente con tarjeta de vacunación o esquema incompleto de inmunización menor a catorce (14) días posteriores a la aplicación de su última dosis, deberá realizarse la prueba COVID-19 en el puerto de entrada y cumplir la cuarentena preventiva de 72 horas , en un establecimiento hotelero que haya sido autorizado por la autoridad sanitaria para este propósito, cuyo costo será asumido por el viajero.

 

Resultado Positivo

Si el resultado de la prueba es positivo debe cumplir con un aislamiento por catorce (14) días, los nacionales o residentes en sus residencias, según determine la autoridad sanitaria, y los extranjeros no residentes en hotel hospital para viajeros COVID-19, cuyo costo será asumido por el viajero, y efectuarse una prueba PCR-RT para tipificación y análisis efectuada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).

Las personas que deban cumplir cuarentena preventiva de 72 horas en establecimientos hoteleros autorizados por la autoridad sanitaria para este propósito, deberán presentar previo a su abordaje en la aerolínea, el puerto de embarque o la empresa que efectúa el transporte, su reserva completa para cumplir con esta medida.

 

Segunda prueba de COVID-19

Toda persona sin tarjeta de vacunación deberá repetir la prueba de antígeno en un laboratorio validado por el ICGES. De ser negativo el resultado, finalizará la cuarentena y, en caso de ser positivo, la persona deberá cumplir aislamiento de catorce (14) días, los nacionales o residentes en sus residencias, según determine la autoridad sanitaria, y los extranjeros no residentes en hotel hospital para viajeros COVID-19, cuyo costo será asumido por el viajero, y efectuarse una prueba PCR-RT para tipificación y análisis efectuada por el ICGES.

 

EXCEPCIONES

Se exceptúan de las disposiciones contenidas en este Decreto Ejecutivo, la gente de mar, las tripulaciones técnicas, las tripulaciones auxiliares, los mecánicos de naves o embarcaciones, personal humanitario, así como conductores y los ayudantes de transporte terrestre de carga internacional, los cuales deberán presentar, cada quince (15) días, previo a su registro en el servicio nacional de migración su prueba de hisopado PCR o antígeno con resultado negativo o no detectado por SARS-Co V-2 (COVID 19) con un máximo de 72 horas de vigencia previo a su ingreso al país.

 

Hoteles de Vigilancia autorizados por el gobierno para llevar a cabo la cuarentena de 3 días:

  1. Westin Panama
  2. Westin Playa Bonita
  3. Hotel Bristol
  4. Wyndham Panama Albrook Mall
  5. Hotel Sortis
  6. Hotel Santa Maria

 

*Hasta la fecha, Panamá considera países de alto riesgo a la India, Reino Unido, Sudáfrica y países de Sudamérica.

Peru and Panama two flags textile cloth, fabric texture

Panamá incluye a Perú en el listado de Países Amigos

Por medio del Decreto Ejecutivo No. 226 del 20 de julio de 2021, Panamá incluye a Perú en su listado de Países Amigos, lo cual permite a personas de nacionalidad Peruana optar por el permiso de Residente Permanente a través de esta categoría.

El Servicio Nacional de Migración podrá conceder un permiso de Residencia Provisional por un periodo de dos años a aquellas personas que soliciten la subcategoría de Residente Permanente, en calidad de extranjeros nacionales de países específicos que mantienen relaciones amistosas, profesionales, económicas y de inversión con la República de Panamá, con el fin de ejercer actividades económicas o profesionales, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto Ejecutivo.

Para ello, todo solicitante debe cumplir con requisitos tales como el récord policivo, copias de pasaportes, certificados de salud, fotografías tamaño carnet y deberá aportar documentación que demuestre la finalidad de requerir su residencia según la actividad económica o profesional a realizar, salvo las actividades, o profesiones reservadas por ley para los nacionales, que se podrá demostrar por alguna de las siguientes razones:

 

Por razones laborales:

  1. Carta de trabajo en papel membrete, firmada por el representante legal del empleador, donde se certifique el cargo, el salario y el compromiso de asumir los gastos de repatriación, según sea el caso.
  2. Certificado del Registro Público de Panamá de la empresa empleadora.
  3. Aviso de Operación de la empresa empleadora. En caso de que la empresa empleadora no esté obligada a mantener un Aviso de Operación, se deberá aportar el justificante, tal como lo establece el artículo 4 de la Ley 5 de 2017.

Para la aprobación del Permiso de Residencia, el solicitante y su empleador estarán obligados a tramitar ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral el permiso de trabajo que autorice al solicitante a laborar en el territorio nacional.

 

Por razones de inversión en un bien inmueble: Certificado de Registro Público de Panamá que compruebe la propiedad del bien inmueble, a titulo personal del solicitante, de una persona jurídica en la que el solicitante sea la persona natural beneficiaria final de las acciones, aportaciones o cuotas sociales de la sociedad; o, fundador y beneficiario final de una fundación de interés privado; siempre que el bien inmueble tenga un valor mínimo de doscientos mil dólares (US$200,000.00). La operación de adquisición del bien inmueble podrá ser financiada a través de un banco de la localidad.

 

Por Razones de Depósito a Plazo Fijo: Certificación de un banco de licencia general que opere en el territorio nacional, en la que se haga constar la existencia del depósito, su titular, el valor, el plazo y que el mismo se encuentra libre de gravámenes, con una vigencia mínima de tres años y por un valor no inferior a doscientos mil dólares (US$200,000.00). Esta inversión se podrá realizar a título personal por el solicitante, por una persona jurídica en la que el solicitante sea la persona natural beneficiaria final de las acciones, aportaciones o cuotas sociales de la sociedad; o, fundador y beneficiario final de una fundación de interés privado.

 

Esta opción permite obtener la Residencia Provisional por dos años y aplicar a la Residencia Permanente al tercer año. Si prefiere optar por la Residencia Permanente de forma directa, la opción de Inversionista Calificado otorga la Residencia Permanente en Panamá en un plazo no mayor de treinta (30) días, con una inversión inmobiliaria valorada en US$300,000.00.

 

Descargar el Decreto Ejecutivo 226 

Contáctenos para más información

    Podcast: Propiedad Intelectual 101 – Preguntas Frecuentes sobre el Registro de Marcas

    Episodio 3: Propiedad Intelectual 101 – Preguntas Frecuentes sobre el Registro de Marcas

     

    ¿Te has preguntado por qué es importante registrar una marca? ¿Te interesa conocer más sobre el proceso de registro de una marca y cómo protegerla?  En el tercer episodio de Legal Insider, el podcast de Actualidad Legal de Icaza, González-Ruiz & Alemán, nuestro experto en Propiedad Intelectual, Fernando González-Ruiz, responde las preguntas frecuentes que hemos recibido sobre el registro de marcas en Panamá. 

     

    Escucha el podcast y aclara tus dudas para tomar una decisión informada al momento de crear tu marca y comercializar tus productos o servicios bajo la misma.

     

    Los principales puntos mencionados son los siguientes:

    1. El valor real de registrar una marca
    2. Cualidades de una buena marca
    3. Los tipos de marcas
    4. El procedimiento de registro de una marca
    5. Diferencia entre las marcas y el derecho de autor
    6. Cómo proteger mi marca
    7. Recomendaciones para el registro de marcas

    Lee el artículo Consideraciones antes de crear tu marca para más información. Para asesoría sobre este y otros temas de Propiedad Intelectual, contáctanos a consultas@icazalaw.com.

     

    Escucha el tercer episodio de Legal Insider (segundo en español) a continuación:

    Panamá crea Régimen Especial para el Establecimiento de Academias Deportivas Profesionales

    Ley No. 219 de jueves 3 de junio de 2021 que promueve el desarrollo de categorías menores de béisbol y crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Academias Deportivas Profesionales Transnacionales de Béisbol u otra Disciplina Deportiva en Panamá

     

    Esta ley tiene por objeto promover el desarrollo de categorías menores de béisbol panameño a través de un centro de alto rendimiento y crear el Régimen Especial para el Establecimiento de Academias Deportivas Profesionales Transnacionales de Béisbol u otra Disciplina Deportiva en Panamá.

     

    La Ley 219 del 3 de junio de 2021 tiene como finalidad:

    • Promover la inversión nacional y extranjera para la construcción de infraestructuras destinadas a la formación integral y de alto rendimiento de los deportistas.
    • Fomentar el interés deportivo en los jóvenes entre nueve y dieciocho años de edad, para que incursionen en la práctica de la disciplina deportiva del béisbol profesional u otra disciplina deportiva.
    • Potenciar las capacidades deportivas de jóvenes nacionales y extranjeros, tanto a nivel deportivo como educativo.
    • Incentivar el establecimiento de sedes de academias deportivas transnacionales, para que inviertan en el establecimiento de academias de béisbol profesional u otras disciplinas deportivas.
    • Brindar alternativas más allá del campo de juego para que estos jóvenes tengan mayores posibilidades de optar por becas deportivas en universidades extranjeras.
    • Estimular la economía del país con el desarrollo de todas aquellas actividades que generen la construcción, desarrollo y funcionamiento de las academias deportivas de profesionales transnacionales de alto rendimiento a nivel nacional.
    Lea el texto completo de la Ley 219 del 3 de junio de 2021

    Ley de Incentivos Ambientales en Panamá

    Ley No. 223 del 8 de junio de 2021 que establece incentivos ambientales.

     

    Por medio de esta ley se establecen exoneraciones e incentivos fiscales en material ambiental a partir de la vigencia del año 2022, con el fin de promover las prácticas comerciales sostenibles, la reconversión de las empresas y el desarrollo de la industria el reciclaje en Panamá.

     

    La ley dispone que las personas jurídicas especializadas en la operación de plantas industriales de reciclaje que sean debidamente avaladas por el Ministerio de Ambiente quedarán exoneradas, por un período de cinco años, del pago de los siguientes impuestos:

    1. Impuesto sobre la renta
    2. Impuesto de dividendo o cuota de participación distribuida entre socios o accionistas nacionales e internacionales.
    3. Impuesto de importación de equipos y maquinarias requeridas para la manufactura.

    Se mantendrá la obligación de presentar anualmente la declaración jurada de renta para fines informativos ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

     

    Para más información sobre este tema, contáctenos a consultas@icazalaw.com.

    Resumen de la Ley 223 del 8 de junio de 2021 - Haga clic para agrandar la imagen
    Descargar el texto completo de la Ley 223 del 8 de junio de 2021

    Ley de Protección de Datos Personales y su reglamentación en Panamá

    Mariela I. de la Guardia OteizaSobre la normativa en materia de protección de datos personales en Panamá, la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 y su Reglamentación por medio del Decreto Ejecutivo 285 de 28 de mayo de 2021.

     

    Por Mariela de la Guardia Oteiza

    Descargar texto completo en formato .pdf.

    La protección de los datos personales es una garantía fundamental y está contenida en nuestra Constitución Nacional, la cual establece en su Artículo 42 lo siguiente:

     

    “Artículo 42: Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión, de conformidad con lo previsto en la Ley.

    Esta información solo podrá ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la Ley.”

     

    Como vemos, siempre se debe obtener el consentimiento del titular, es decir su manifestación de voluntad para tratar los datos y ser informados del fin específico para el cual se recopilan los datos. La Ley 81 establece que el consentimiento puede obtenerse de forma que permita su trazabilidad mediante documentación, ya sea electrónica o mediante otro mecanismo adecuado y podrá ser revocado, sin efecto retroactivo.

     

    Así mismo, nuestra Constitución Nacional en su artículo 43 establece las garantías constitucionales en las cuales toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso público o de interés colectivo y solicitar su rectificación.  El artículo 44 establece que toda persona puede promover una acción de hábeas data para garantizar el derecho de acceso a su información personal recabada en bancos de datos o registros oficiales.

     

    El 29 de marzo de 2021 entró en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales en la República de Panamá por medio de la Ley 81 de 26 de marzo de 2019.  Esta Ley establece los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección de datos personales en nuestro país para personas naturales y jurídicas.  Luego por medio del Decreto Ejecutivo 285 de 2021 se reglamenta la Ley 81.

     

    Es importante destacar que antes de la promulgación de la Ley 81 de 2019, existían disposiciones legales que actualmente regulan la protección de datos personales en Panamá, por medio de leyes especiales. Entre los cuales están la Ley bancaria, Ley de seguros, Ley de valores, Ley Fiduciaria, Ley que regula los Derechos y obligaciones de los pacientes, en materia de información u decisión libre e informada, entre otras.

     

    A pesar que existen leyes especiales y normas que conforman el marco regulatorio que regula la protección de datos personales, la Ley 81 de 2019 se aplica de forma supletoria.

     

    El regulador o autoridad reguladora de cada sector, debe establecer dentro de su normativa todos los protocolos, procesos y procedimientos de tratamiento y transferencia segura que deban cumplir los sujetos regulados.

     

    Conceptos básicos de la Protección de Datos Personales

     

    ¿Qué es un Dato personal?

    Un dato personal, es cualquier información concerniente a personas naturales que las identifica o hace identificable.

     

    ¿Qué es un dato sensible?

    La Ley define los datos sensibles, a aquellos que se refieren a la esfera íntima del titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave para este.

    Se consideran datos sensibles, los que pueden revelar aspectos como origen racial, o étnico; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales; afiliación sindical; opiniones políticas; datos relativos a la salud, a la vida, a la preferencia u orientación sexual datos genéticos o datos biométricos, entre otros.

     

    La Ley 81 establece que los datos sensibles no pueden transferirse sin el debido consentimiento explícito del titular, cuando sea necesario para salvaguardar la vida del titular y este se encuentre física o jurídicamente incapacitado, cuando se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso con autorización judicial competente, cuando tenga una finalidad histórica, estadística o científica, en cuyo caso deberán tomarse medidas de disociación de identidad.

     

    Objeto, principios y aplicación

    La Ley establece los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección de datos personales, considerando su interrelación con la vida privada y demás derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

     

    Los principios generales son los que inspiran y rigen la protección de datos personales y que son la base para su interpretación y aplicación de la norma, también complementan algunos vacíos de la propia Ley 81:

    1. Principio de lealtad: los datos personales se recaban sin engaño o falsedad y sin utilizar medios fraudulentos
    2. Principio de finalidad: los datos personales deben recolectarse con fines determinados y no ser tratados posteriormente para fines distintos para los cuales se solicitaron, no conservarse por más tiempo del necesario para los fines del tratamiento.
    3. Principio de proporcionalidad: solo se solicitan los datos adecuados, pertinentes y limitados al mínimo necesario en relación a la finalidad requerida.
    4. Principio de veracidad y exactitud: deben ser exactos y responder con veracidad a la situación actual del propietario del dato.
    5. Principio de seguridad de los datos: los responsables del tratamiento de los datos personales deben adoptar las medidas para garantizar la seguridad de los datos e informar al titular, lo más pronto posible, cuando los datos hayan sido sustraídos sin autorización o haya indicios que su seguridad ha sido vulnerada.
    6. Principio de transparencia: la información y comunicación debe ser expresada en un lenguaje claro y sencillo.
    7. Principio de confidencialidad: todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales tienen la obligación de guardar secreto o confidencialidad respecto de estos.
    8. Principio de licitud: los datos deben ser recolectados de forma licita, con el consentimiento previo, informado e inequívoco del titular o por fundamento legal.
    9. Principio de portabilidad: el titular de los datos tiene el derecho a obtener de parte del responsable una copia de los datos personales en un formato genérico y de uso común.

     

    El ámbito de aplicación de esta Ley se extiende a las bases de datos que se encuentren en el territorio de la República de Panamá, que almacenen o contengan datos personales de nacionales o extranjeros o que el responsable del tratamiento esté domiciliado en el país, quedan sujetos a la aplicación de esta Ley y su reglamentación.

     

    El almacenamiento o transferencia de datos personales originados o almacenados dentro de la República de Panamá que sean confidenciales, sensibles o restringidos, que reciban un tratamiento transfronterizo es permitido siempre que el responsable del almacenamiento o custodio de los datos cumpla con los estándares de protección de datos personales y obtenga el consentimiento.

     

    El Decreto Ejecutivo 285 del 2021 que reglamenta la Ley 81 establece que el registro de las bases de datos transferidas a terceros constará por escrito, por cualquier medio, inclusive por medios electrónicos.

     

    ¿Qué excepciones aplican y cuándo se puede tratar los Datos Personales?

    Existen excepciones al ámbito de aplicación de la Ley, para aquellos datos que expresamente se encuentren regulados por leyes especiales o por normativas que las desarrollen y que hemos detallado al inicio.

     

    Dentro de las excepciones se encuentran:

    1. Los que realice una persona natural para actividades exclusivamente personales o domésticas.
    2. Los que realicen autoridades competentes con fines de prevención, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales.
    3. Los que se efectúen para el análisis de inteligencia financiera relativos a la seguridad nacional
    4. Cuando se trata de tratamiento de datos relacionados con organismos internacionales en cumplimiento de tratados o convenios internacionales
    5. Los resultantes de información obtenida mediante un procedimiento previo de anonimización.

     

    El tratamiento de datos personales solo se puede realizar cuando: i) Se obtenga el consentimiento del titular, ii) Que el tratamiento sea necesario para la ejecución de una obligación contractual, iii) Que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, iv). Que el tratamiento esté autorizado por una ley especial.

     

    Responsable del tratamiento de datos personales, custodio de la base de datos y Oficial de Protección de datos

    El responsable del tratamiento de datos es una persona natural o jurídica, publica o privada lucrativa o no, que le corresponde las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos y determina los fines, medios y alcance.

     

    El responsable del tratamiento de datos es quien establecerá los protocolos, procesos y procedimientos de gestión y transferencia segura, protegiendo los derechos de los titulares. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) con el apoyo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) son las autoridades que fiscalizarán y supervisarán lo anterior.

     

    El custodio de la base de datos, así como todo aquel que tenga acceso deberá cuidar de estos con la debida diligencia, y será igualmente responsable por los daños y perjuicios ocasionados.

     

    Como medida de responsabilidad para el cumplimiento de la utilización de los datos personales el Decreto Ejecutivo 285 establece la figura del Oficial de Protección (ODP) para las entidades públicas y recomendado, pero no obligatorio para el sector privado.  El ODP desempeñará sus funciones de forma independiente. Sus funciones serán de participar en tiempo y forma en las cuestiones referidas a la protección de datos, informar y asesorar al responsable y al custodio, supervisar el cumplimiento de la normativa, promover la capacitación de las personas que traten datos, entre otras.

     

    Tanto el responsable del tratamiento de datos personales como el custodio de la base de datos que transfieran datos, deben llevar un registro de las bases de datos y deben estar a disposición de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) cuando lo requiera, incluso la base de datos debe identificar e indicar el periodo de todas las personas que ingresen datos personales dentro de los quince días hábiles desde que se inicia dicha actividad.

     

    Los responsables del tratamiento de datos y/o custodios de las bases de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos, estarán sujetas al deber de secreto o confidencialidad. Esta obligación será complementaria al secreto profesional, se aplicará durante todo el tiempo que dure el tratamiento y se mantendrá aun cuando hubiese finalizado la relación del empleado o funcionario.

     

    Los responsables del tratamiento y/o custodios de las bases de datos deben garantizar el cumplimiento y quedan sujetos a la fiscalización y supervisión de la ANTAI a través de la Dirección de Protección de Datos Personales.

     

    ¿Cuándo no se requiere autorización para el tratamiento de los datos personales?

    No se requiere autorización para el tratamiento de los datos personales en los siguientes casos:

    1. Fuentes de dominio público
    2. Los que recolecta la administración pública.
    3. Los de carácter económico, financiero o bancario con consentimiento previo.
    4. Listas de personas en organizaciones, profesiones.
    5. Aquellos dentro de una relación comercial establecida.
    6. Tratamiento de organizaciones privadas para uso de los asociados.
    7. Urgencia médica o sanitaria.
    8. Fines históricos, estadísticos o científicos.

     

    Derechos irrenunciables de los titulares de datos personales

    Como muchos países nuestro país reconoce los derechos ARCO, es decir el Derecho de Acceso, Derecho de Rectificación, Derecho de Cancelación, Derecho de Oposición y Derecho a la Portabilidad.

     

    Nuestra Ley permite al titular de los datos personales a solicitar su información a los responsables del tratamiento de datos, y deberá ser proporcionada en un plazo no mayor de diez días hábiles. El suministro de información, su modificación, bloqueo o eliminación será gratuito.

     

    Los datos deberán ser modificados cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos dentro de un término de cinco días hábiles siguientes a la solicitud de modificación. Quien sea responsable debe proceder cuando existan pruebas de inexactitud de los datos.

     

    Si el responsable no se pronuncia sobre la solicitud del titular dentro del término, el titular puede recurrir a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). En casos sujetos a leyes especiales, al regulador o autoridad reguladora. En el caso que en dichas leyes no se encuentren las sanciones a las faltas cometidas, el regulador deberá aplicar las sanciones establecidas en esta Ley, sin perjuicio que el titular pueda también presentar su queja ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) para que aplique las sanciones correspondientes y a los tribunales de justicia para solicitar la indemnización por daño patrimonial y/o moral.

     

    El responsable del tratamiento de los datos personales o el custodio de la base de datos no puede transferir o comunicar en ningún caso los datos que relacionen a una persona después de transcurridos siete años, desde que se extinguió la obligación legal de conservarla, al menos que se pacte otro periodo.  Estos datos tienen que eliminarse o volver a mantener una relación con el titular de los datos y explicarle por qué aún se mantienen los datos y cuál es el nuevo fin.

     

    La transferencia de datos es lícita si cumple al menos una de las condiciones siguientes:

    1. Consentimiento del titular.
    2. Que el país u organismo receptor proporcione mejor nivel de protección.
    3. Que se encuentre previsto en una Ley o Tratado.
    4. Para prevención de diagnóstico médico.
    5. Que sea efectuada a cualquier sociedad de un mismo grupo económico siempre que no sean usadas para fines distintos.
    6. En virtud de un contrato.
    7. Necesario para la salvaguarda de un interés público.
    8. Para el reconocimiento o defensa de un derecho en un proceso judicial.
    9. Para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica.
    10. Requerida para transferencias bancarias o bursátiles.
    11. Para cooperación internacional entre organismos de inteligencia para luchar contra el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, etc.
    12. Que el responsable que transfiere los datos adopte mecanismos de autorregulación vinculante.
    13. En caso de cláusulas contractuales.

     

    Consejo Consultor y Autoridad supervisora

    Se crea un Consejo de Protección de datos personales como ente consultivo en la materia que asesora a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), recomienda políticas públicas relacionadas a la materia, evalúa los casos que sean presentados, brinda recomendaciones y desarrolla su reglamento interno.

     

    La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) a través de una Dirección, creada para conocer esta materia, está facultada para sancionar al responsable del tratamiento de los datos personales, así como al custodio de la base de datos que se compruebe que han infringido los derechos del titular de los datos personales. El Decreto ejecutivo establece los criterios para la graduación de las sanciones, que dependerán de la intencionalidad, la reincidencia, la naturaleza y cuantía de los perjuicios causado, afectación de derechos, adopción de medidas correctivas entre otras.

     

    Las decisiones de la Dirección serán impugnables mediante recurso de reconsideración y son apelables ante el Director de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

     

    Infracciones y sanciones

    La Autoridad podrá fijar sanciones desde $1,000.00 a $10,000.00 balboas.

    Las infracciones se califican en leves, graves y muy graves:

    • Leves: no remitir o informar a la autoridad la información dentro del plazo y puede conllevar una citación de la autoridad.
    • Graves: efectuar el tratamiento sin el consentimiento del titular, infringir los principios y garantías establecidos, infringir el compromiso de confidencialidad, restringir los derechos ARCO, incumplir el deber de informar al titular del tratamiento de los datos, almacenar o archivar datos sin las condiciones de seguridad, no atender la reiteración de los requerimientos y obligaciones de la autoridad, lo anterior puede conllevar según su proporcionalidad una multa de US$1,000 a $10,000 balboas.
    • Muy graves: recopilar datos persones en forma dolosa, no observar las regulaciones, no suspender el tratamiento cuando exista previo requerimiento de la autoridad, almacenar o transferir internacionalmente datos personales y reincidir en las faltas graves, lo anterior puede conllevar la clausura de los registros de la base de datos y multa correspondiente e incluso la suspensión e inhabilitación de la actividad de almacenamiento y/o tratamiento.

     

    Finalmente, el Decreto Ejecutivo establece plazos para la prescripción de la acción y de la sanción:

    • Prescripción de la acción:
    1. Las infracciones leves en el plazo de 1 año.
    2. Las infracciones graves en el plazo de 3 años.
    3. Las infracciones muy graves en el plazo de 5 años.
    • Prescripción de la sanción:
    1. Las sanciones leves en el plazo de 3 años.
    2. Las infracciones graves en el plazo de 5 años.
    3. Las infracciones muy graves son imprescriptibles.

     

    La Ley 81 de 26 de marzo de 2019 fue publicada en la Gaceta Oficial No.28743-A, entró en vigencia el 29 de marzo de 2021 y el Decreto Ejecutivo 285 de 28 de mayo de 2021 entró en vigencia a partir de su promulgación el día 28 de mayo de 2021 y fue publicada en la Gaceta Oficial No.29296-A.

    Panamá crea Visa de Corta Estancia para Trabajo Remoto

    Por medio del Decreto Ejecutivo No. 198 del 7 de mayo de 2021, Panamá crea la Visa de Corta Estancia como Trabajador Remoto

     

    Con la intención de convertirse en un destino popular entre los nómadas digitales y los profesionales que trabajan de forma remota, Panamá ha lanzado su Visa de estadía corta para trabajadores remotos.

     

    Esta nueva visa permite a los extranjeros empleados por empresas que operan fuera de Panamá o que trabajan por cuenta propia, vivir y trabajar de forma remota desde Panamá, durante nueve meses con una extensión única de nueve meses adicionales.

     

    Para ser elegible para esta visa, los solicitantes deben tener un ingreso anual mínimo de US$36,000 y deben demostrar que sus ingresos provienen de una fuente extranjera a través de una certificación bancaria o un estado de cuenta de su banco.

     

    Los requisitos para solicitar la visa incluyen:

    1. Formulario de solicitud correspondiente, que incluye el compromiso del solicitante de asumir los gastos de regreso a su país de origen o destino,
    2. Tres fotografías tamaño carné,
    3. Copias certificadas de pasaporte,
    4. Certificación de antecedentes penales,
    5. Certificado de buena salud,
    6. Póliza de seguro médico que debe incluir cobertura por el período de estadía en Panamá,
    7. Declaración jurada de antecedentes personales,
    8. Declaración jurada de No Aceptación de oferta de trabajo o servicio en Panamá,
    9. Certificación de registro de la empresa extranjera donde trabaja el solicitante, y
    10. Carta de la empresa, en papel membrete, firmada por el representante legal, en la que se indique el cargo y funciones ejercidas, ingresos mensuales, modalidad de trabajo y compromiso de asumir los costos de regreso a su país de origen.

    Los solicitantes autónomos deben proveer una certificación o constancia de la empresa propia, debidamente registrada en el extranjero, a través de la cual realizará sus negocios y una declaración jurada que describa la actividad comercial de la empresa, los servicios prestados, los clientes a quienes presta sus servicios y sus ingresos.

     

    Todos los documentos emitidos en el extranjero deben estar apostillados o legalizados.

     

    Los gastos relacionados con la emisión de esta visa son:

    1. US$ 250,00 – Servicio Nacional de Inmigración
    2. US$ 50,00 – Carné de la Visa

    Si actualmente está trabajando de forma remota, es elegible según los requisitos y está buscando un nuevo destino, aproveche el excelente clima de Panamá, sus fantásticas playas, montañas, la cultura y, lo que es más importante, su infraestructura de telecomunicaciones de clase mundial. La visa de corta estancia como trabajador remoto de Panamá podría ser exactamente lo que necesita.

     

    Para más información sobre esta o cualquier otra categoría de Visa, contáctenos a consultas@icazalaw.com, o directamente a nuestras abogadas:

    Ana Graciela Medina

    Ana Graciela Medina

    anagm@icazalaw.com 

    Ayleen Quintero

    Ayleen Quintero

    ayleenq@icazalaw.com