Cómo obtener la Residencia Permanente por Inversión en Panamá

El Programa de Residencia Permanente para Inversionistas Calificados en Panamá otorga la residencia en 30 días con una inversión de US$300,000.00.

Por: Ayleen Quintero – Asociada

El permiso de residencia en calidad de Inversionista Calificado fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 722 de 15 de octubre de 2020 y es una categoría migratoria que otorga residencia permanente en Panamá a aquellos extranjeros que inviertan desde quinientos mil dólares (US$500,000.00) de fondos provenientes del extranjero, bajo alguna de las cuatro (4) modalidades que explicaremos más adelante.

 

No obstante lo anterior, es importante resaltar que dicho Decreto también contempló una excepción que consiste en el beneficio de poder aplicar a esta residencia, con una suma mínima de trescientos mil dólares (US$300,000.00), siempre y cuando el solicitante escoja alguna de las modalidades que guardan relación con la inversión en la compra de un bien inmueble.  Esta excepción estará vigente únicamente hasta el 15 de octubre de 2022.

 

Las modalidades bajo las cuales se puede aplicar a esta categoría son: Inversión Inmobiliaria, Inversión Inmobiliaria mediante Contrato de Promesa de Compraventa (ambas por inversión de US$300,000.00, sólo hasta octubre 2022), Inversiones a través de una Casa de Valores (US$500,000.00) e Inversión a través de Depósito a Plazo Fijo en el Sector Bancario (US$750,000.00).

 

Bajo esta categoría podríamos indicar, entre otros requisitos y condiciones generales, que los puntos más relevantes a demostrar dentro de la solicitud, son:

  • Probar que los fondos provienen de fuente extranjera.
  • Que la inversión debe mantenerse por un mínimo de cinco (5) años lo cual será verificado anualmente.

 

¿En cuánto tiempo me aprueban la residencia permanente bajo la categoría de Inversionista Calificado?

La solicitud de Residencia Permanente bajo la categoría de Inversionista Calificado es aprobada en un tiempo no mayor de treinta (30) días hábiles y permitirá que el extranjero solicitante adquiera el carné de residente permanente que otorga el Tribunal Electoral de Panamá, el cual será el nuevo número de identidad en Panamá para todos aquellos Inversionistas Calificados aprobados.

 

Luego de contar con la Residencia Permanente, ¿cuánto tiempo debo esperar para solicitar la nacionalidad panameña?

La naturalización o proceso de obtención de la Carta de Naturaleza es el trámite que permite al residente permanente optar por la nacionalidad panameña y, por tanto, obtener también el derecho a portar un pasaporte panameño. Este proceso puede llevarse a cabo luego de que el extranjero cumpla con alguna de las siguientes condiciones:

  1. Los extranjeros con cinco años consecutivos de residencia en el territorio de la República si, después de haber alcanzado su mayoría de edad, declaran su voluntad de naturalizarse, renuncian expresamente a su nacionalidad de origen o a la que tengan y comprueban que poseen el idioma español y conocimientos básicos de geografía, historia y organización política panameñas.
  2. Los extranjeros con tres años consecutivos de residencia en el territorio de la República que tengan hijos nacidos en ésta, de padre o madre panameños o cónyuge de nacionalidad panameña, si hacen la declaración y presentan la comprobación mencionado en el punto anterior.
  3. Los nacionales por nacimiento de España o de un Estado latinoamericano, si llenan los mismos requisitos que en su país de origen se exigen a los panameños para naturalizarse.

Por lo antes dicho, abajo presentaremos un resumen de cuántos años deben esperar los nacionales de algunos países latinoamericanos, según cada caso.

 

¿Cuánto tiempo debo esperar para hacerme panameño si soy de… ?

Un año: Colombia y El Salvador      

Dos años:

  • Argentina
  • Chile
  • Costa Rica
  • Ecuador
  • España
  • Guatemala
  • Honduras
  • México
  • Nicaragua
  • Paraguay
  • Perú
  • Uruguay

Todos los demás que no han sido mencionados pueden aplicar a la naturalización después de 5 años.

 

Luego de adquirida la residencia permanente, ¿qué obligaciones tengo?

Con relación a las obligaciones migratorias que se deriven, la obligación principal será la de visitar Panamá antes de que transcurran dos (2) años fuera del país, ya que de lo contrario, el residente permanente perderá la residencia y deberá ya sea iniciar otro proceso o solicitar la reactivación de la Residencia Permanente; no obstante, este proceso tiene sus propias condiciones y documentos probatorios que deberán justificar la razón de relevancia por la cual el extranjero no pudo ingresar al país durante dicho periodo.

 

Podcast: Propiedad Intelectual 101: Propiedad de las marcas

Episodio 5: Propiedad Intelectual 101 – Propiedad de las marcas

En el quinto episodio de Legal Insider, el podcast de Actualidad Legal de Icaza, González-Ruiz & Alemán, nuestro experto en Propiedad Intelectual, Fernando González-Ruiz, nos habla acerca de la Propiedad de las marcas.

 

Escucha el podcast y conoce más sobre las implicaciones del registro de una marca y la propiedad de las mismas.

 

Lee el artículo Consideraciones antes de crear tu marca para más información sobre el registro de marcas.  Para asesoría sobre este y otros temas de Propiedad Intelectual, contáctanos a consultas@icazalaw.com.

Secuestrabilidad o No de los Bienes Fundacionales

El artículo 11 de la Ley 25 de 1995 estatuye como insecuestrables e inembargables los bienes fundacionales, con excepción de aquellos en los que concurran las condiciones previstas en la norma.

Carlos VillalobosPor: Carlos Villalobos – Socio

 

A pesar de que la ley es clara, este es un tema que constantemente suscita debate.

El artículo 11 de la Ley 25 de 1995 expresamente señala lo siguiente:

“Para todos los efectos legales, los bienes de la fundación constituirán un patrimonio separado de los bienes personales del fundador. Por tanto, no podrán ser secuestrados, embargados, ni objeto de acción o medida cautelar, excepto por obligaciones incurridas, o daños causados con ocasión de la ejecución de los fines u objetivos de la fundación, o por derechos legítimos de sus beneficiarios.  En ningún caso responderán por obligaciones personales del fundador o de los beneficiarios”.

 

El artículo citado, estatuye como insecuestrables e inembargables los bienes fundacionales, con excepción de aquellos en los que concurran las condiciones previstas en la norma.  Es decir, en términos generales no son objeto de medidas cautelares o de embargo los bienes de la fundación, ingresando de tal forma a la lista de bienes insecuestrables e inembargables de los que tratan los artículos 564 y 1650 del Código Judicial.

 

El artículo 11 establece en forma genérica que los bienes fundacionales son insecuestrables, inembargables, y de forma amplia señala, además, que no pueden ser objetos de acción o medidas Cautelares (lo que podría incluir medidas conservatorias, o medidas cautelares innominadas, etc.) La esencia de esta norma es excluir los bienes fundacionales de medidas cautelares, proponiendo como excepcional la posibilidad de secuestrar o embargar dichos bienes.

 

Las excepciones que señala el artículo 11 en cuanto a la insecuestrabilidad e inembargabilidad de los bienes fundacionales, son las siguientes:

  1. Cuando el secuestro se pida por razón de existir una obligación incurrida;
  2. Cuando el secuestro se pida por razón de daños causados con ocasión de la ejecución de los fines fundacionales;
  3. Cuando el secuestro se pida por derechos legítimos de sus beneficiarios.

Para establecer el alcance de cada una de las excepciones referidas, debemos tener claro que la regla que resguarda la norma es la insecuestrabilidad y en general la no afectación de los bienes fundacionales,  es decir para que proceda el secuestro es necesario que los presupuestos de hecho contenidos en cada una de las excepciones estén plenamente demostrados, pues de otro modo la susceptibilidad de los bienes fundacionales en cuanto a ser afectados por medidas cautelares dependería exclusivamente de la sola manifestación del secuestrante para que se procediera en ese sentido.   Por ejemplo, el solo señalar en la demanda que se han causado daños o que existe una obligación no puede ser suficiente para que proceda el secuestro de los bienes fundacionales pues al amparo de ese criterio cualquiera podría solicitar medidas cautelares contra ellos, a pesar de que al final del proceso, al cual accede la medida, se declare en sentencia que no existen daños o no existe la obligación reclamada contra la fundación.

 

En atención a las consideraciones que hemos adelantado, la excepción en cuanto a la insecuestrabilidad de los bienes sólo aplicaría de la siguiente forma:

 

1. OBLIGACIONES INCURRIDAS: Desde nuestro punto de vista las obligaciones incurridas, son las que se tienen que cumplir por no existir plazo o condición que las suspenda. Es decir, para que el secuestro proceda es necesario que la obligación “incurrida”, es decir la que no necesita ser declarada por un Tribunal, este plenamente demostrada (Ver EL PROCESO EJECUTIVO, de JORGE FABREGA P., Pág. 11).

 

Estimamos que cuando se trata de bienes fundacionales, el Juez debe hacer un examen mas allá de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 533 del Código Judicial concordante con el ordinal 3 del 531 del mismo Código.

 

Esto es así, considerando que el objeto del Proceso, de acuerdo al artículo 469 del Código Judicial, es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley substancial.  Por ello, siendo que la insecuestrabilidad de los bienes fundacionales es un derecho otorgado por la Ley substancial, debe partir el Juzgador en su interpretación, de la prohibición genérica consagrada en la norma, y solicitar en esa dirección la prueba sumaria (plena prueba sin contradicción, ver HERNAN FABIO LOPEZ BLANCO, PROCEDIMIENTO CIVIL, PRUEBAS, 2001, Pág. 69)  que genere en el Juez la convicción respecto a la existencia de la obligación que se exigirá a través del proceso que se pretende garantizar con la cautela de bienes fundacionales.

 

Cuando la Ley dice OBLIGACIONES INCURRIDAS, son aquellas que ya han de producir su efecto o sea que son exigibles y no están sujetas a ser declaradas por un Tribunal, como el caso de los títulos ejecutivos (ver Art. 1612 del Código Judicial.)

 

La noción de obligación ha sido opuesta al derecho real, con el nombre de derecho de crédito.  Recordemos que consiste en una relación jurídica entre dos personas, una de las cuales es acreedora y la otra deudora. La relación total se llama obligación; considerada especialmente, del lado pasivo, recibe el nombre de deuda y el de crédito si se considera del lado activo.  Pero la palabra obligación frecuentemente se toma en su sentido restringido como sinónima de deuda.( ver TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL, Marcel Planiol y Georges Ripert, Tomo IV, Pág. 110).

 

Como vemos, al referirnos al concepto de obligación partimos de una relación preexistente entre deudor y acreedor.  Por tanto, cuando el artículo 11 de la Ley 25 de 1995 sujeto a examen, se refiere a obligaciones incurridas el interprete debe partir de la base de la preexistencia de una relación obligacional, que ineludiblemente deberá constatarse, para que proceda el secuestro de los bienes fundacionales.  Para entender lo anterior, desde el punto de vista procesal debemos acudir a la clasificación de pretensiones que señala la doctrina, específicamente el Dr. HERNAN FABIO LOPEZ BLANCO (Procedimiento Civil Tomo I, 2005):

  • Pretensión Declarativa y de Condena: Declarativa. Tiene por objeto solicitar una sentencia en la que se declare o se niegue la existencia de determinada relación jurídica respecto de la cual hay incertidumbre, y cuya falta de certeza termina, precisamente, con la declaración que por medio de la sentencia hace el Estado. De Condena. Se persigue a través de la pretensión de condena que se declare a cargo de la parte demandada la existencia de una determinada obligación, o, en otros términos, que se le condene al cumplimiento de una prestación de dar, de hacer o de no hacer.
  • Las pretensiones ejecutivas: Tienen por objeto que se imponga en la sentencia el cumplimiento de una obligación, para así dar efectividad a la prestación que ya fue declarada en un fallo judicial o surgió de una declaración de voluntad del asociado, de manera tal que cuando se ejercitan no se busca una declaración o condena; tan solo su cumplimiento, lo que evidencia el carácter diferente que ellas tienen, pues en estos casos no se le pide al Juez que imponga, sino que ordene cumplir.

 Por tanto, estimamos respecto a la excepción bajo análisis, que los bienes fundacionales, solo podrán ser cautelados cuando la medida cautelar es accesoria a un Proceso judicial donde lo pretendido no es la declaratoria de un derecho o una condena sino simplemente hacer cumplir un derecho derivado de una relación preexistente es decir una obligación “incurrida” como prevé el artículo 11 de la Ley 25 de 1995.

 

2. DAÑOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS FINES FUNDACIONALES:

Cuando la norma establece como excepción para secuestrar bienes fundacionales el que los “daños hayan sido causados con ocasión de la ejecución de los fines fundacionales”, el presupuesto de hecho que ofrece el precepto debe estar plenamente demostrado en el Proceso pues de otro modo, no aplicaría la excepción.

 

La excepción de secuestrabilidad bajo análisis, se funda en un hecho que debe estar probado es decir los daños causados con ocasión de lo fines fundacionales deben ser ciertos y estar demostrados, para que proceda el secuestro o embargo de dichos bienes.

 

Esto es así, si consideramos lo siguiente.  Si para decretar la medida cautelar en contra de los bienes fundacionales fuera suficiente manifestar que lo que se pretende garantizar con la medida es los resultados de un proceso donde se deben reconocer daños y perjuicios causados con ocasión de los fines fundacionales, al decretarse el secuestro se estaría anticipando un hecho no demostrado, que es el presupuesto que señala la norma para que el secuestro sea viable.

 

Los daños causados, solo pueden estar determinados a través de un reconocimiento expreso por parte de quien los causo, o a través de una sentencia dictada en ese sentido, de no concurrir ninguno de esos dos supuestos, los daños serian solo simples expectativas de un derecho no reconocido ni declarado.  De tener por suficiente una declaración por parte del secuestrante en ese sentido, estaríamos anticipando el reconocimiento de un derecho, que, sin haber sido reconocido por el causante del daño, solo puede aparecer determinado a través de una resolución de autoridad competente.

 

En adición a ello, el otro hecho que debe quedar demostrado, es que esos daños se hayan producido con ocasión de los fines fundacionales, lo cual sólo puede ser reconocido por el propio causante de los daños o a través de una sentencia que declare ese hecho.

 

Cuando la Ley establece como requisito para que proceda la medida cautelar, el que ella se pida por razón de daños causados con ocasión de la ejecución de los fines fundacionales, se refiere a un hecho existente, y cierto, que de ninguna forma puede entenderse que esos supuestos daños son aquellos que están sub judice o pendientes de ser reconocidos en el Proceso donde se solicita la medida cautelar, pues de ser así el Tribunal estaría reconociendo la existencia de un hecho (daños causados y ejecución de fines fundacionales), anticipándose a la sentencia que es donde debe ser resuelta la pretensión.

 

Tal como expusimos al referirnos a las obligaciones incurridas, respecto a los daños causados solo debe ser permitida una medida cautelar o embargo cuando los daños ya están reconocidos, de otro modo no pueden estimarse como daños causados aquellos que se reclaman en una demanda los cuales están sujetos a ser reconocidos en definitiva en una SENTENCIA. No es posible que la argumentación del demandante en cuanto a la existencia, sea la prueba de esos daños.

 

Reiteramos lo que dice la doctrina respecto a las pretensiones declarativas, en cuanto que su objeto es “solicitar una sentencia en la que se declare o se niegue la existencia de determinada relación jurídica respecto de la cual hay incertidumbre, y cuya falta de certeza termina, precisamente, con la declaración que por medio de la sentencia hace el Estado”.

 

3. CUANDO EL SECUESTRO SE PIDA POR DERECHOS LEGÍTIMOS DE SUS BENEFICIARIOS.

Respecto a esta última excepción, el precepto ofrece claridad en cuanto que la petición del secuestro necesariamente debe estar fundada en los derechos que tengan los beneficiarios, deducidos del acta fundacional o la Ley.   Para que proceda el secuestro, como en las otras excepciones, el peticionario debe demostrar la existencia del presupuesto de hecho exigido por la norma a fin de que los bienes fundacionales puedan ser secuestrados.

 

CONCLUSION

El ordinal 18 del artículo 1650 del Código Judicial, señala lo siguiente:

       “Salvo lo dispuesto en leyes especiales, podrán ser objeto de embargo todos los bienes enajenables del deudor con las siguientes excepciones:

18. Cualquier otro bien que la Ley señale como inembargable”

 

Atendiendo el precepto transcrito y lo dispuesto en el artículo 564 en cuanto a su aplicación respecto a los secuestros, tendríamos como insecuestrables e inembargables los bienes fundacionales tal como lo establece el artículo 11 del la Ley 25 de 1995.

 

Como excepción a la insecuestrabilidad de los bienes fundacionales, ellos sólo estarían sometidos a medidas cautelares, cuando en la petición se cumpliera, aun no siendo concurrentes, con la demostración de los presupuestos consagrados en la norma, es decir establecer la existencia de la obligación que se pretende garantizar con el decreto de la medida; los daños causados con la ejecución de los fines fundacionales, lo cual sólo podrá ser demostrado mediante una resolución en firme de autoridad competente; o cuando la medida se pida por un beneficiario en ejercicio de un derecho derivado de la ley o el acta fundacional.

 

Esta norma debe ser interpretada desde el punto de vista sustantivo y no procesal, pues si analizamos la norma atendiendo la esencia del secuestro podríamos concluir que lo que se busca es garantizar la sentencia donde pudieran ser reconocidos esos daños, o el derecho que tengo a exigir el pago de la obligación.  Sin embargo, si atendemos el hecho de que la norma en general lo que propone es la insecuestrabilidad de los bienes fundacionales, su aplicación restrictiva solo permitiría por así señalarlo el precepto, que los bienes fundacionales solo fueran secuestrados cuando se cumplen las condiciones preestablecidas en la norma.

 

El articulo 11 de la Ley 25 de 1995 forma parte del catálogo establecido en el articulo 1650 del Código Judicial y solo podrán ser objeto de secuestro o embargo los bienes fundacionales cuando se den los presupuestos indicados, es decir: OBLIGACIONES INCURRIDAS (clara líquida y exigibles); DAÑOS CAUSADOS O PRODUCIDOS, los cuales solo pueden estar determinados a través de una resolución o sentencia de autoridad competente o un convenio entre ambas partes reconocido y autenticado en los términos de la ley, mediante la cual queden claramente determinados los daños y que ellos se produjeron en el ejercicio de los fines fundacionales; y por el ejercicio de DERECHOS LEGITIMOS de los BENEFICIARIOS, lo cual se deduce del acta fundacional o la Ley.

 

La idea, de la norma es proteger los bienes fundacionales, por eso señala en términos absolutos su insecuestrabilidad en principio, para luego en forma restringida proponer cuando esos bienes pueden ser secuestrados.

Beneficios de la Residencia de Jubilado y Pensionado en Panamá

Por: Ayleen Quintero – Asociada

 

El permiso de residencia en calidad de Jubilado y Pensionado (antes conocido también como Turista Pensionado), es una categoría migratoria que otorga residencia permanente en Panamá a aquellos extranjeros que cuenten con una jubilación o pensión, recibida ya sea por parte de un gobierno extranjero, un organismo internacional o por una empresa privada.

 

El requisito principal para solicitar esta categoría es contar con una certificación que pruebe la condición de jubilado o pensionado, emitido por el gobierno, organismo o empresa respectiva, la cual demuestre que el interesado recibe una jubilación no inferior a mil dólares (US$1,000.00) mensuales y que sea vitalicia, lo que implica que la jubilación o pensión debe ser percibida de por vida.

 

El extranjero que desea aplicar a esta residencia, también puede incluir a sus dependientes (padres, cónyuge e hijos), probando una solvencia económica adicional de doscientos cincuenta dólares (US$250.00) mensuales por cada uno de los dependientes, lo cual se puede demostrar ya sea a través de la pensión o a través de una carta de referencia bancaria local emitida a favor del solicitante principal.   Es importante destacar que el monto de mil dólares (US$1,000.00) requerido bajo esta categoría, también puede ser producto de la suma de las pensiones de los cónyuges.

 

La ley también contempla la posibilidad de que el extranjero solicitante adquiera una propiedad a título personal en el territorio nacional.  En ese caso, si la misma es por una suma superior a los cien mil dólares (US$100,000.00), la certificación que demuestre la condición de jubilado o pensionado podrá ser por un mínimo de setecientos cincuenta dólares (US$750.00).

Aparte de obtener Residencia Permanente en Panamá, ¿este permiso me otorga algún otro beneficio?

La residencia permanente en calidad de Jubilado y Pensionado tiene la particularidad de que los costos relacionados con el pago de derechos migratorios son bajos en comparación con otras categorías de residencia y no requiere que se realice una inversión adicional para conseguir la aprobación de la Residencia Permanente.

Por otro lado, debemos destacar que existen beneficios específicos que la Ley le otorga a aquellos extranjeros que cuenten con este Permiso de Residencia de Jubilado y Pensionado aprobado, los cuales listamos a continuación:

  1. Franquicia arancelaria total para la importación de artículos de uso doméstico o personal por una sola vez hasta por la suma de diez mil dólares (US$10,000.00).
  2. Franquicia arancelaria total cada dos (2) años para la importación de un vehículo automotor para uso personal o familiar.
  3. Exoneración del pago de cualquier depósito, gravamen o derecho migratorio en relación con la obtención del Permiso de Jubilado y Pensionado.

Es importante señalar que en Panamá existen además múltiples beneficios otorgados por ley a los nacionales y extranjeros jubilados o pensionados que sean residentes de Panamá, es decir, para aquellas mujeres que tengan cincuenta y cinco (55) años o más y varones de sesenta (60) años en adelante.  Hemos resumido a continuación algunos de los beneficios que consideramos de mayor relevancia:

  1. Descuento del 50% de los precios que se cobren por la entrada a actividades de recreación y entretenimiento, tales como cines, teatros, deportes y demás espectáculos públicos.
  2. Descuentos en la tarifa de transporte público, de conformidad con siguiente clasificación:
    1. Un 25% en pasajes aéreos de empresas públicas o privadas nacionales y extranjeras.
    2. Lanchas y barcos, 30%;
    3. Trenes, 30%;
    4. Autobuses interurbanos, 30%;
  3. Un descuento mínimo en los precios regulares de hoteles, moteles y pensiones así:
    1. 50% de lunes a jueves.
    2. 30% los días viernes, sábados y domingos.
  4. Descuento del 25% del valor del consumo individual de comida en restaurantes.
  5. Descuento de 15% en los establecimientos de expendio de comidas rápidas con franquicias nacionales e internacionales.
  6. Descuento de 15% de la cuenta total por servicios de hospitales y clínicas privadas.
  7. Descuento del 20% del valor de los medicamentos.
  8. Descuentos en los siguientes servicios médicos así:
    1. 20% en los honorarios por consultas de medicina general y en especialidades médicas y quirúrgicas;
    2. 15% por servicios odontológicos; y
    3. 15% por servicios de optometría.
  9. Descuento de 50% de los gastos o comisión de cierre en las transacciones de préstamos personales y comerciales que efectúen a su nombre en los bancos, financieras e instituciones de crédito.
  10. Descuento de 50% del impuesto o Tasa de Aeropuertos.

¿Qué debo hacer si deseo aplicar a este Permiso de Residencia?

Si te interesa aplicar a este tipo de residencia y cumples con los requisitos antes mencionados, aquí te dejamos una lista de pasos resumidos para que puedas dar inicio a tu trámite migratorio.

  1. Contacta abogados especialistas en la materia. En Icaza, González-Ruiz & Alemán tenemos un departamento completo y exclusivo especializado en asuntos migratorios que te puede asistir con todas las consultas migratorias que tengas y que te acompañará en cada paso y cita ante las instituciones.
  2. Si aplicarás con dependientes, considera solicitar los certificados de prueba de parentesco (certificados de matrimonio, nacimiento, entre otros), los cuales tendrás que apostillar antes de viajar.
  3. Si tu pensión o jubilación es otorgada por una empresa privada, hay unos documentos adicionales que deberás aportar. Sigue nuestro link a continuación para que encuentres el listado completo de requisitos para esta categoría.
  4. Planifica tu viaje a Panamá. Luego de revisados los documentos, estarás listo para realizar el viaje y presentar la solicitud de Jubilado y Pensionado durante tu estadía.

¿Cuánto tiempo debo esperar para que me aprueben la residencia?

Los tiempos que el Servicio Nacional de Migración tome en el análisis de cada solicitud dependerán en gran manera del volumen de solicitudes que tenga la institución, sin embargo, un buen punto de referencia es el carné de trámite que le otorgan al extranjero y dependientes una vez se ha ingresado la solicitud, el cual tiene una validez de seis (6) meses.  Este es el tiempo aproximado que toman los trámites de residencia permanente actualmente.

Nuevos cambios y menciones importantes de la Nueva Ley de Propiedad Horizontal (Ley 284 del 14 de febrero de 2022)

Ricardo Ceballos

Por: Ricardo Ceballos 

  1. El Artículo 2 de la Ley 284 del 14 de febrero del 2022 (en adelante “la Ley”) menciona y explica los principios rectores del Régimen de Propiedad Horizontal, los cuales son:
    1. Convivencia pacífica y solidaridad social
    2. Derecho al debido proceso.
    3. Derecho a petición.
    4. Principio de confidencialidad.
    5. Respeto a las decisiones.
    6. Respeto de la dignidad humana.
    7. Sostenibilidad y función social.
  2. El numeral 27 del Artículo 6 de la Ley contiene la definición del término “moratoria”, la cual quedó así: Es el incumplimiento en el pago de las cuotas de gastos comunes en el plazo establecido en el Reglamento de Copropiedad; de no estar definido este plazo, se considerará el último día del mes como fecha límite de pago.
  3. El Artículo 24 de la Ley 284 establece que los propietarios de unidades inmobiliarias con elementos compartidos costearán a partes iguales los gastos de mantenimiento y reparación de los elementos de los entrepisos y de las paredes que les sean comunes. En caso de comprobarse que los daños han sido causados por uno de los afectados, este deberá asumir en un plazo de treinta días calendario los gastos de reparación.
  4. El numeral 4 del Artículo 28 de la Ley estipula que, a los propietarios morosos en el pago de las cuotas de gastos comunes, se les podrá negar el servicio de vigilancia y seguridad, de correspondencia, servicio de portería, permisos para entrada de materiales o permisos para remodelaciones o construcciones en la unidad.
  5. El Artículo 46 de la Ley, crea, de manera obligatoria, el fondo para imprevistos para atender y financiar las obligaciones, obras o expensas que se presenten y que no estén contempladas en el presupuesto vigente de la propiedad horizontal y que, además, afecten directamente la situación financiera y el buen financiamiento del inmueble. El Fondo para Imprevistos corresponde como mínimo al 1% de la totalidad de los ingresos y las cuotas de gastos comunes anuales recaudadas, el cual deberá incluirse obligatoriamente como parte del presupuesto que se aprobará en reunión ordinaria anual de la Asamblea de Propietarios.
  6. El Artículo 56 de la Ley, deja establecida la obligación del propietario de asistir a las reuniones de la Asamblea de Propietarios y que se le impondrá una multa de un mínimo del 20% de la cuota de gastos comunes al propietario que no asista a la reunión de la Asamblea de Propietarios.  La Asamblea de Propietarios podrá aumentar este porcentaje.
  7. El Artículo 74 de la Ley, estipula que la designación inicial realizada por el promotor de los miembros de la Junta Directiva deberá ser renovada por los propietarios al momento en que se dé el traspaso del 51% de la totalidad de las unidades inmobiliarias que conforman el bien inmueble con independencia de que el proyecto sea realizado por etapas o fases.
  8. El Artículo 78 de la Ley establece que los miembros de la Junta Directiva podrán renunciar, por cualquier motivo a los cargos que fueron electos mediante nota explicativa al resto de los directores.  La renuncia deberá ser protocolizada e inscrita por el renunciante en el Registro Público en un término no mayor de 30 días calendario y contará con la firma del director que renuncia.  Durante este período, el director que ha renunciado deberá permanecer y ejercer el cargo hasta que quede inscrita su renuncia.
  9. En el Artículo 80 de la Ley se deja establecido que la Junta Directiva no está autorizada para exonerar cuotas de gastos comunes, esto incluye recargos, multas y cuotas extraordinarias.
  10. En el Artículo 83 de la Ley se establece que los miembros de la Junta Directiva no serán responsables personal, civil, administrativa o penalmente por las actuaciones que ejecuten en el ejercicio de su cargo y por mandato de la Asamblea de Propietarios, de conformidad con la Ley. De igual manera, los miembros de la Junta Directiva no podrán ser objeto de medidas cautelares civiles de carácter personal ni en sus bienes, por las actuaciones que ejecuten en el ejercicio de su cargo y por mandato de la Asamblea de Propietarios.
  11. El Artículo 92 de la Ley estipula que quien desempeñe el cargo de administrador de una propiedad horizontal deberá tener perfil gerencial, con conocimiento en recursos humanos y régimen laboral, solución de conflictos, contabilidad y del manejo de la legislación de la propiedad horizontal.
  12. El Artículo 96 de la Ley establece que el administrador no será responsable personal, civil, administrativa o penalmente por las actuaciones que ejecute en el ejercicio de su cargo y por mandato de la Asamblea de Propietarios o de la Junta Directiva, de conformidad con la Ley. De igual manera, no podrá ser objeto de medidas cautelares civiles de carácter personal ni en sus bienes, por las actuaciones que ejecute en el ejercicio de su cargo y por mandato de la Asamblea de Propietarios o de la Junta Directiva.
  13. El Artículo 109 de la Ley estipula que serán los jueces de paz quienes tendrán competencia para conocer y resolver situaciones o controversias que se presenten dentro de la propiedad horizontal entre los propietarios y/o estos con el administrador.
  14. El Artículo 111 de la Ley estipula que las acciones contra las decisiones de la Asamblea de Propietarios, Junta Directiva y/o Administrador, prescriben en el término de tres meses, contado a partir de su publicación, entrega a los propietarios o su inscripción en el Registro Público, si aplica.
  15. Artículo 115 de la Ley establece que la administración de las unidades inmobiliarias informará mensualmente y por escrito, a las instituciones acreedoras de hipotecas y a fideicomisos, sobre las unidades inmobiliarias que mantengan atraso de dos meses o más en el pago de sus cuotas de administración, conservación y mantenimiento de bienes comunes y quienes estarán obligadas a recibir la notificación y actuar de acuerdo con las cláusulas del contrato de hipoteca.
  16. Los nuevos porcentajes para las diferentes situaciones:
    • Artículo 19 de la Ley: La Asamblea de Propietarios podrá aprobar por el 51% o más de la totalidad de las unidades inmobiliarias que algunos bienes comunes tengan el carácter de exclusivos, bajo las condiciones que establezcan, para uno o más propietarios, siempre que no sean indispensables para la existencia, seguridad y conservación del inmueble, en cuyo caso corresponderá a este propietario o esos propietarios beneficiados con el uso exclusivo de esos bienes comunes los gastos de mantenimiento, reparación y conservación.   En la anterior Ley 31 de 18 de junio de 2010, se estableció que el porcentaje era del 66% de todas las unidades inmobiliarias.
    • Artículo 20 de la Ley: La Asamblea de Propietarios, en decisión tomada por el 51% o más de la totalidad de las unidades inmobiliarias, podrá aprobar la adquisición de un bien ofrecido por su dueño, para ser utilizado como bien común, para venta o arrendamiento en beneficio de la propiedad horizontal.  En la anterior Ley 31 de 18 de junio de 2010 se estableció que el porcentaje era del 66% de la totalidad de las unidades inmobiliarias.
    • Artículo 22 de la Ley: El coeficiente de participación sobre los bienes comunes será proporcional al valor de la unidad inmobiliaria de su dominio y deberá fijarse en términos de porcentaje del valor total.   Las mejoras y menoscabos de cada unidad inmobiliaria no alteran la cuota atribuida, que solo podrá variarse con la aprobación del 51% o más de los votos de la totalidad de las unidades inmobiliarias. En la anterior Ley 31 de 18 de junio de 2010 se estableció que el porcentaje era del 66% de los votos de los propietarios de todas las unidades inmobiliarias como porcentaje mínimo.
    • Artículo 35 de la Ley 284:  La modificación de cuotas de gastos comunes ordinaria o la aprobación de cuotas de gastos comunes extraordinarias en primera convocatoria requerirá de la aprobación de la Asamblea de Propietarios mediante la votación favorable de, por lo menos, el 51% de la totalidad de las unidades inmobiliarias que se encuentren al día en el pago de las cuotas de gastos comunes En la anterior Ley 31 de 18 de junio de 2010 se estableció que la aprobación de la Asamblea de Propietarios se tenía que dar mediante la votación favorable de, como mínimo, el 66% de los propietarios de las unidades inmobiliarias que estén al día en sus obligaciones financieras con la propiedad horizontal.

De no lograrse el quorum reglamentario en la reunión de la Asamblea de Propietarios en primera convocatoria en donde se modifica la cuota de gastos comunes ordinaria o la aprobación de una cuota de gastos comunes extraordinaria, el secretario de la Junta Directiva o quien esté ejerciendo esta función levantará un acta dejando constancia de la situación y cualquier otro hecho relevante que deba ser conocido por los propietarios ausentes.  Los presentes podrán establecer una nueva fecha para la celebración de una nueva reunión, la cual deberá ser convocada de acuerdo con lo establecido en esta ley con un mínimo de diez días calendarios después de la primera, con la misma agenda, horario, forma y lugar para tratar la modificación de la cuota de gastos comunes ordinaria o la creación de una cuota de gastos comunes extraordinaria.  En la segunda convocatoria bastará con la aprobación de, como mínimo, el 30% de la totalidad de las unidades inmobiliarias que se encuentren al día en el pago de las cuotas de gastos comunes.   En la anterior Ley 31 de 18 de junio de 2010 se estableció que, en caso de no lograrse la aprobación por inasistencia a la Asamblea de Propietarios, bastará en la segunda convocatoria con la aprobación de, como mínimo, el 33% de los propietarios de las unidades inmobiliarias que estén al día en sus obligaciones financieras con la propiedad horizontal.

    • Artículo 36 de la Ley: Cuando se trate de mejoras adicionales a las ya existentes al momento de incorporarse la propiedad horizontal al Régimen de Propiedad Horizontal, para su aprobación se requerirá del voto favorable del 51% de la totalidad de las unidades inmobiliarias que se encuentren al día en el pago de las cuotas de gastos comunes.  En la anterior Ley 31 de 18 de junio de 2010 se estableció que se requerirá de la aprobación del 66% de los propietarios de las unidades inmobiliarias que estén al día en sus obligaciones financieras con la propiedad horizontal.

 

¿Quiere obtener más información referente a la nueva Ley de Propiedad Horizontal?

En nuestro webinar: “Cambios relevantes de la Nueva Ley de PH y Permisos de Residencia por Inversión en Inmuebles” nuestros expertos: Ana Graciela Medina, Ayleen Quintero y Ricardo Ceballos, estarán ampliando más información referente al tema.

 

Puede registrarse ingresando a: https://bit.ly/LeydePHyResidencia.

Managing IP premia a Icaza, González-Ruiz & Alemán como la firma del año en Panamá

Icaza, González-Ruiz & Alemán ha sido premiada como la Firma del Año en Panamá en los Managing IP Americas Awards 2022

 

Este año en su decimoséptima edición, los premios Managing IP celebran los logros destacados en materia de propiedad intelectual de los bufetes de abogados y de los equipos internos de compañías en más de cincuenta jurisdicciones.

 

La primera entrega de los premios Managing IP del 2022, enfocada en las Américas, se llevó a cabo el 7 de abril en Nueva York en donde se reconocieron y celebraron los logros de las firmas ganadoras.

 

Conozca más sobre los premios y lea el listado completo de ganadores accediendo al siguiente enlace: Managing IP Americas Awards 2022.

Reporte de Normas por COVID-19 – Panama

El Gobierno de Panamá ha adoptado diversas normativas para hacerle frente al COVID-19.

Para su fácil referencia, hemos recopilado las normativas en un reporte, donde las podrá encontrar listadas por cada entidad gubernamental.

Este documento se estará actualizando a medida que el gobierno implemente nuevas medidas.

La norma ingresada esta semana está resaltada en gris en el documento y la listamos a continuación para su fácil ubicación en el mismo:

  • Ministerio de Salud
    • Decreto Ejecutivo N° 44 del 06 de abril de 2022.

De tener alguna consulta sobre este tema, envíenos un correo electrónico a consultas@icazalaw.com.

Descargar el Reporte de Normas - Actualizado al 14 de abril de 2022

Obligación del Administrador del PH en relación con documentos propios de la administración

Ricardo CeballosPor: Ricardo Ceballos 

De acuerdo al numeral 23 del Artículo 93 de la Ley 284 del 14 de febrero de 2022 sobre el Régimen de Propiedad Horizontal, el administrador de la Propiedad Horizontal tendrá la obligación de entregar a la Junta Directiva, una vez terminada la relación contractual, todos los documentos propios de la administración y aquellos que hayan sido puestos bajo su custodia por esta, los que podrán incluir libros de actas de Junta Directiva y de actas de Asamblea de Propietarios, estados de cuenta, correspondencia, documentación relativa a cuentas bancarias, llaves de la oficina de administración y del inmueble.  Además, todos aquellos que estuvieran bajo su responsabilidad, de lo cual se levantará un acta de entrega firmada por el administrador y un representante de la Junta Directiva.

 

De lo mencionado arriba, la correspondencia es documentación muy importante que se debe tratar con seguridad, protegiéndola de su distorsión.  Es por esta razón que recomendamos a las Juntas Directivas hacer uso de cuentas de correo electrónico personalizadas para el P.H., así como que todo el equipo utilizado para los fines de la administración, sea de su uso exclusivo.  A la vez hacer uso de un equipo tecnológico para poder almacenar toda la documentación y conservar un respaldo de la misma, el cual deberá permanecer siempre bajo el control y vigilancia de la Junta Directiva.

 

Lo mismo aplicaría para las licencias de los diferentes softwares que se utilizan para los mismos fines y que requieren ser utilizados por el administrador debido a sus funciones, las que recomendamos sean de uso exclusivo del P.H., como, por ejemplo, el software para la contabilidad, así como para cualquier otra aplicación, con el objetivo de llevar una administración sana.

 

Adecuar una oficina en las instalaciones del P.H. sería lo ideal, de manera que todo el trabajo o funciones del administrador se lleven a cabo dentro del PH, de esta manera el servicio que se presta sería más productivo y a su vez se protege toda la documentación mencionada en el numeral 23 del Artículo 93, la cual deberá reposar en dichas oficinas bajo la custodia de la Junta Directiva y del Administrador.

 

Teniendo en cuenta las sugerencias ya mencionadas, el acto de la entrega sería más expedito y seguro, el cual terminaría con un proceso de la relación contractual a satisfacción de las partes, aun así la elaboración de un acta de entrega firmada por el administrador y el representante del PH, sería lo más recomendable, con el fin de corroborar que toda la documentación que reposa en las oficinas de la Administración del PH sea mencionada en el  Acta y de esta manera perfeccionar de manera completa el traspaso de la administración a otro administrador o a la Junta Directiva.

 

Tener presente que un administrador puede ser una persona natural o jurídica, por lo que, en caso de ser una empresa formal de acuerdo a la ley, es decir una persona jurídica, es importante revisar que la persona que actúe en representación de la persona jurídica o empresa, sea la persona correcta o designada, en vista de que ésta podrá firmar cierta documentación, entro estos, el contrato inicial para contratar el servicio de administración.

Para asistencia con relación a este tema, contáctenos a consultas@icazalaw.com.

Responsabilidad de los Directores en la Administración de una Sociedad Panameña

Mariano Oteiza Jr

Por: Mariano Oteiza Díaz

 

La Junta Directiva de una sociedad anónima panameña, de conformidad con el Artículo 51 de la Ley General de Sociedades Anónimas de Panamá (Ley 32 de 1927, en adelante “la Ley”), podrá ejercer todas las facultades de la sociedad, salvo las que la Ley, el Pacto Social o los Estatutos confieran o reserven a los accionistas. Por ende, es competencia de la Junta Directiva administrar y dirigir los negocios de la sociedad de manera general y sus poderes o facultades, entre otros, incluyen lo siguiente:

  • Declarar los dividendos de la sociedad;
  • Autorizar la emisión y recompra de acciones;
  • Adoptar y enmendar los Estatutos;
  • Pedir préstamos y emitir instrumentos de deuda;
  • Nombrar y remover a los Dignatarios de la sociedad;
  • Aprobar todo tipo de acuerdos y contratos;
  • Aprobar la venta y gravámenes sobre los activos de la sociedad;
  • Delegar su autoridad y emitir poderes.

Debido a su amplio poder de administración y facultades que poseen los directores de manera general, bajo la legislación panameña se entiende que la relación entre éstos (los directores) con los accionistas y la sociedad, es aquella que caracteriza la relación entre un Agente y un Principal. Se considera que a los directores de una sociedad se les ha dado un “mandato” para administrar los negocios de la sociedad y, por ende, éstos son responsables de ejecutar su mandato bajo los estándares del deber de cuidado que ostentan los Agentes y pueden ser personalmente responsables por negligencia dentro del ejercicio de dicho deber y mandato.

 

El Artículo 444 del Código de Comercio de Panamá establece que los directores no contraerán responsabilidad personal por las obligaciones de la sociedad, pero responderán personal o solidariamente, según el caso, para con la sociedad y para con terceros en los siguientes eventos:

  1. Falsas capitalizaciones, es decir, de la efectividad de los pagos que aparezcan hechos por los accionistas;
  2. Por la falta de fondos para el pago de dividendos declarados por la Junta Directiva;
  3. Por el buen manejo de la contabilidad de la sociedad;
  4. En general, de la ejecución o mal desempeño de su mandato;
  5. Por la comisión de actos que vayan en contra de lo que establece el Pacto Social, resoluciones adoptadas por los accionistas, los estatutos de la sociedad o las leyes en general.

Sin embargo, el mismo Artículo adiciona que quedarán exentos de responsabilidad aquellos directores que hubieren protestado en tiempo hábil contra la resolución de la mayoría o los que no hubieren asistido con causa justificada. La responsabilidad solo podrá ser exigida en virtud de un acuerdo de la asamblea general de accionistas.

 

Además de lo establecido por el Código de Comercio, el Artículo 64 de la Ley enumera adicionalmente ciertos actos o eventos en los cuales los directores que hayan dado su consentimiento y que con ello se afecte el capital social de la compañía, puedan ser mancomunada o solidariamente responsables para con los acreedores de la sociedad por los perjuicios que resultaren. Dichos actos son los siguientes: (i) si se declara o se paga cualquier dividendo o distribución del activo que reduzca el valor de los bienes de la compañía a menos de la cantidad de su pasivo, incluyendo en éste el capital social; (ii) si se reduce el monto del capital social; (iii) si se da alguna declaración o se rinde algún informe falso en algún punto sustancial.

 

Como recomendación final a nuestro artículo, todo director en ejercicio de sus funciones debe conocer y analizar con lujo de detalles y previo a su nombramiento como tal, cuáles son sus funciones, facultades, obligaciones y responsabilidades en la administración de la sociedad, pues ellas pueden variar de compañía en compañía en base a lo que disponga su Pacto Social, estatutos o resoluciones de la Junta de Accionistas.

Para asistencia con relación a sociedades de Panamá, contáctenos a igranet@icazalaw.com.

Programa Fidemicro Panamá: un caso de éxito de impulso a las pequeñas y medianas empresas

Luis MartinezPor: Luis Martínez  – Icaza Trust Corporation

 

Dadas las circunstancias socioeconómicas y financieras de la actualidad, el aumento del desempleo y la informalidad, se hace necesario que la reactivación económica sea veloz y eficaz.

 

El estado panameño ha contado con diversas herramientas para influenciar el crecimiento económico en diversas áreas y en este artículo abordaremos un caso de éxito vigente que está rindiendo frutos visibles. Es el caso del Fideicomiso para el Microcrédito en Panamá (Fidemicro-Panamá).

 

El programa Fidemicro, que se estableció mediante la Ley 72 de 2009, es un fondo que funciona como una banca de segundo piso. El Estado aporta fondos a un fideicomiso y esos fondos en fideicomiso son manejados independientemente por una entidad fiduciaria escogida mediante un proceso de licitación pública, en este caso Icaza Trust Corporation (I.T.C.). La fiduciaria, por cuenta del fideicomiso, otorga créditos de manera transparente y con altos estándares administrativos y de análisis de riesgo, a instituciones financieras en todo el país, para que éstas tengan liquidez a fin de poder colocar créditos a las diversas micro, pequeña y mediana empresas (Mipymes) y emprendedores del país.

 

Este Fideicomiso cumple la función de banca de segundo piso proporcionando recursos financieros a operadoras de primer piso, quienes con dichos recursos y bajo su riesgo, realizarán colocaciones y recuperaciones de sus usuarios y clientes, expandiendo y consolidando sus servicios de microfinanzas a tasas de interés que deberán ser competitivas.

 

Cabe resaltar que prestar dinero a las Mipymes es un pilar esencial para el desarrollo de la economía panameña. Sin embargo, por lo general la banca tradicional no las abarca, por motivos tales como rentabilidad, falta de recursos, o por baja tolerancia o apetito de riesgo. Luego de analizar algunas estadísticas, nos hemos percatado que el apetito de crédito en este sector es importante y prometedor.

 

Igualmente, para poder lograr un crecimiento sostenido y menos desigual, Panamá necesita incentivar a su población a crear empresas y negocios que generen valor, y empleos. Este objetivo se alcanza de manera más productiva con financiamiento enfocado en el ecosistema de pequeñas empresas.

 

El fideicomiso Fidemicro-Panamá desde sus inicios, ha colocado recursos a más de dieciséis (16) empresas financieras, un (1) banco, una (1) caja rural y seis (6) cooperativas.

 

A su vez estas entidades financieras han podido colocar estos recursos a más de once mil ciento setenta y siete (11,177) beneficiarios finales de los cuales aproximadamente cuarenta y un por ciento (41.5%) son mujeres y cincuenta y ocho (58.5%) son hombres.

Beneficiarios

(en porcentaje)

  • Mujeres
  • Hombres

Distribución de préstamos por provincia

(en millones de dólares)

Desembolsos por área

(en porcentaje)

  • Áreas rurales
  • Áreas urbanas

Si desglosamos los totales de préstamo por provincia tenemos que la Provincia de Panamá ha recibido desembolsos cercanos a los quince millones de dólares (US$ 15,000,000.00) y la provincia de Chiriquí ha recibido una suma aproximada de doce millones de dólares (US$ 12,000,000.00). El área de Los Santos y Herrera ha recibido una suma cercana a los cuatro millones y medio de dólares (US$4,500,000.00), y la de Veraguas ha recibido una cifra aproximada de tres millones setecientos mil dólares (US$ 3,700,00.00). El resto de las provincias del país han recibido en promedio la suma de quinientos mil dólares (US$ 500,000.00).

 

Del total de desembolsos realizados, tenemos que el cuarenta y tres por ciento (43%) de los fondos colocados han sido destinados a áreas rurales, mientras que el cincuenta y siete por ciento(57%) de los fondos han sido colocados en áreas urbanas.

 

Este fondo, cuyo origen es público, pero que es manejado bajo la tutela de un reglamento de crédito y administrado por una empresa fiduciaria independiente, con total transparencia y reglas específicas y apegadas a los más altos estándares de manejo de riesgo financiero y crediticio aplicables en la banca nacional, ha logrado ser autosuficiente, generar ganancias y volver a aplicar dichas ganancias a nuevos préstamos, pudiendo lograr una rotación superior a 2.71 veces el saldo inicial aportado por el Estado. Esta data refleja las bondades del programa para maximizar los recursos públicos, y hacerlos llegar a la mayor cantidad de beneficiarios posibles.

 

El programa ha sido desarrollado por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), con un capital inicial de aproximadamente quince millones ochocientos dos mil seiscientos sesenta y cuatro dólares (US$ 15,802,664.00).

 

Al cierre del año 2021, el fondo mantiene una cartera de créditos colocados superior a los doce millones de dólares americanos (USD $12,000,000.00), y un patrimonio total de aproximadamente veinte millones de dólares americanos (USD $20,000,000.00), lo cual viene a representar un incremento de aproximadamente cuarenta y dos por ciento (42%) en el patrimonio total del fondo desde su creación.

 

Para poder catalogar este programa como un caso de éxito, aparte de analizar los números antes mencionados, debemos tener en cuenta que el impacto de estas colocaciones multiplica los beneficios a lo largo del país.

Promoción del programa FIDEMICRO en cooperativas de Coclé, Herrera y Los Santos.

 

En los últimos seis meses del año se han realizado al menos tres giras por diversos puntos del interior del país a fin de promover el Programa, y se han realizado colocaciones importantes en entidades financieras cuyo epicentro de operaciones permite llegar a áreas rurales y de difícil acceso. Los clientes de las entidades de financiamiento que participan en el Programa Fidemicro son emprendedores, personas naturales y jurídicas, que utilizan estos fondos para crear o maximizar un negocio que genera valor, plazas de empleo y oportunidades de crecimiento en las áreas en donde se desenvuelve. Esta tendencia contribuye a incluir a estos empresarios en la formalidad económica trayendo como consecuencia un beneficio a largo plazo de gran magnitud para el país.

 

Otro  punto vital de este programa es la sensatez financiera con la que es manejado, y el apego a las políticas de riesgo y crédito, lo cual ha permitido que al cierre del año 2021, en plena pandemia del coronavirus, la morosidad total de la cartera no sobrepase el uno por ciento (1%). Como país debemos sentirnos orgullosos de este hecho.

 

Las principales actividades para las que los clientes de las entidades de financiamiento han solicitado financiamiento son: Comercio al por menor, transporte, artesanías, servicios y el sector agrícola.

 

Una de las últimas entidades financieras que accedió al programa es la Cooperativa de Productores de Leche (COOLECHE), una de las más grandes cooperativas agropecuarias del país, la cual logró la aprobación de un crédito total por un millón de dólares americanos (US$1,000,000.00), con el fin de brindarle a sus clientes una oportunidad de crédito blando y recursos para mejorar la productividad de sus negocios. La mayoría de los asociados de COOLECHE están en el sector agropecuario en áreas rurales.

Entrega de certificación de préstamos a Microserfin y Banco Delta.

 

El fondo también cuenta con entidades bancarias como Banco Delta, CENTRAL EMPRESARIAL SOLIDARIA, S. A. y MICROSERFIN, las cuales son entidades líderes en materia de microfinanzas. Otra entidad con mucho empuje que participa en el programa es Suma Financiera, S.A. También se encuentran dentro del amplio espectro de entidades financieras participantes otras más regionales como son la COOPERATIVA SM CHARCO AZUL y Financiera Volcán en la provincia chiricana, y la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES NUEVA UNIÓN R.L. en el área de Azuero.

 

Icaza Trust Corporation (I.T.C.) como fiduciario del programa Fidemicro Panamá tiene como meta principal lograr colocar responsablemente la totalidad del patrimonio disponible del fondo en el menor tiempo posible tratando de cumplir la meta social del proyecto que es poder colocar una cantidad muy considerable de los fondos a entidades que tengan alcance rural. Uno de los pilares del programa es llevar una luz de esperanza y desarrollo a las áreas que usualmente no son atendidas por la banca tradicional, y que al recibir financiamiento para el desarrollo de sus empresas logran un impacto directo en la economía panameña, ayudando a reducir la brecha socio económica del país.

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